Rajoy y Aguirre pactan una salida para tapar el escándalo del espionaje del PP

La solución que han encontrado Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy para cerrar la crisis de los espías amenaza con abrir nuevos frentes internos. La presidenta de Madrid aceptó ayer la apertura de una investigación en la Asamblea de Madrid y, pocas horas después, la secretaria general del PP, Dolores Cospedal, comunicó la suspensión de la información interna que instruía a la espera de las conclusiones parlamentarias y las diligencias judiciales que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 47 de la capital. El pacto de no agresión en la cúpula popular para tapar el escándalo no convence a muchos dirigentes marianistas, que demandan a su líder medidas ejemplares para limpiar la imagen del partido, afectada por las mutuas acusaciones de espionaje.

Aguirre empezó la mañana con un anuncio inesperado al informar de que acepta la apertura de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que hasta ahora había negado ante las reiteradas exigencias de la oposición.

«El PP de Madrid apoyará una comisión de investigación para dejar claro que nuestro interés es la transparencia, la claridad, la luz y taquígrafos y que no tenemos nada que ocultar», dijo antes de asistir a un acto del candidato del PP a la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Se adelantó a las conclusiones y añadió que propiciará la investigación «para demostrar» y para que se sepa «que el Gobierno de Madrid no ha espiado a nadie».

Apenas una hora después, el Comité de Dirección del PP daba por resuelta la crisis del espionaje, consciente de que no podía seguir adelante con el proceso de información interna encargado por el líder del partido a la secretaria general. Dolores Cospedal celebró la investigación parlamentaria en Madrid como «una decisión muy acertada» al tiempo que daba por interrumpidas las actuaciones internas, que apenas han consistido en varias conversaciones con varios dirigentes del partido y con el ex policía Sergio Gamón, que es militante popular.

En su intervención, recogida en un comunicado oficial, la secretaria general aseguró que «la comisión parlamentaria, en el ámbito de la mayor claridad y transparencia posibles, es un cauce adecuado para depurar eventuales responsabilidades políticas».

«Suspendemos, pero no cerramos», advirtió Cospedal, y aseguró que el PP tomará las medidas oportunas, de acuerdo con sus estatutos, si de las investigaciones judiciales o parlamentarias se derivaran responsabilidades políticas; entonces, el PP «actuará de forma inmediata». «Es difícil que un partido llegue a donde no llega un juez», dijo, y concluyó que «lo más coherente» es suspender las actuaciones internas y dejar trabajar a los órganos parlamentario y judicial.

Responsabilidad

El acuerdo entre Rajoy y Aguirre para dar por zanjado el escándalo del espionaje no convence a todos los dirigentes del partido. Los diputados más jóvenes siguen reclamando una «limpieza a fondo» y «medidas ejemplares» para poder afrontar las tres convocatorias electorales que se celebran este año. Atribuyen a la debilidad de su líder el acuerdo de no agresión con la presidenta de Madrid y se muestran convencidos de que la maniobra no servirá para liberar la tensión política que afecta a sus siglas e impide que llegue a los ciudadanos el mensaje de oposición y el discurso de alternativa económica de los populares frente a la crisis. Arguyen que el PP de Madrid, gracias a su mayoría absoluta, controlará los resultados de la investigación parlamentaria y no servirá para despejar ante la ciudadanía las sospechas de espionaje.

Fuentes cercanas a la dirección nacional explican que el líder actuó «con responsabilidad» ante la actitud «suicida» que atribuyen a Aguirre. «Era ella la que tenía que tomar medidas, pero como no estaba dispuesta a hacerlo Rajoy no podía hacer nada», explican.

Otros dirigentes defienden «la templanza» del presidente popular y aseguran que, de haber mantenido su órdago ante la jefa del gobierno de Madrid, «se habría llevado el partido por delante».

Fue en el Foro Abierto del PP, el domingo 25 de enero, cuando Rajoy se comprometió a llegar hasta el final para mantener unido el partido «pase lo que pase».

Pero el presidente de los populares tiró la toalla apenas dos días después cuando el diario El Mundo desveló supuestas presiones del tesorero del partido al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para la adjudicación de contratos, además de denunciar la existencia de dossiers en manos de Álvaro Lapuerta, el veterano político que llevó las finanzas del partido en las últimas dos décadas.

Situar en la picota de la bronca interna a los encargados de gestionar la financiación del PP hizo saltar todas las alarmas en la organización. Así fue cómo, el pasado miércoles, la dirección nacional daba por fracasado el proceso interno abierto por Cospedal y que tanto incomodó a la presidenta madrileña, empeñada en defender sin fisuras la inocencia de Ignacio González y el consejero de Interior, Francisco Granados.

La ofensiva de Aguirre y su tajante negativa a cortar cabezas, como pretendía Rajoy, dio al traste con todo intento de regeneración interna que, ayer, quedó definitivamente aplazado. Al menos, por el momento.