La convocatoria de huelga el 18-F dinamita la unidad de la judicatura

La huelga del 18 de febrero ha provocado un sismo en las entrañas de la judicatura. El detonante último fue la fractura en el seno de las asociaciones judiciales, que representan a la mitad de la carrera judicial: dos de ellas, el colectivo moderado Francisco de Vitoria (520 afiliados) y el minoritario Foro Judicial Independiente (165) dinamitaron el pasado viernes el acuerdo suscrito con el resto y decidieron sumarse al paro laboral convocado por una «minoría». La decisión cayó como un cohete en la línea de flotación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y entre los magistrados defensores de la unidad de acción.

Según se acerca la fecha de la jornada de huelga, mayor número de grietas se abren en la administración de Justicia. El paro laboral del 18-F no sólo ha dividido a las asociaciones judiciales, «único interlocutor válido» en las negociaciones con el Gobierno como recalca sin cesar el ministro de Justicia, sino que ha provocado airadas críticas entre los colectivos de fiscales, abogados, procuradores y secretarios judiciales, que no consideran la huelga como el «camino más apropiado» para resolver sus problemas.

A la cabeza de esas críticas se situó ayer el colectivo mayoritario de jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con unos 1.200 afiliados, hizo público un duro comunicado en el que lamenta «profundamente» la postura de las organizaciones que han roto la unidad de acción y su decisión de retirarse de las negociaciones con el Gobierno.

«No sólo desprecian a los jueces y magistrados» que apoyaron el denominado Documento reivindicativo de la carrera judicial, sino que «repudian la unidad judicial» y «defraudan» las aspiración de cuantos españoles «creyeron» en «agotar el esfuerzo negociador» antes de ir a la huelga.

La asociación conservadora considera que esta postura supone una «pérdida colectiva» de los jueces que en modo alguno «se justifica por las aspiraciones de influencia institucional» que puedan tener o por sus «lógicas y legítimas» pretensiones de incrementar el número de afiliados entre los jueces y magistrados no asociados, la mitad de la carrera judicial, que en buen número apoyaron ir al paro el 18-F durante las juntas celebradas el 21 de enero.

La APM, en línea con el pensamiento extendido tanto en el Poder Judicial como el Ministerio de Justicia, señala que los derechos y garantías individuales se verán «fuertemente sacudidos por las actuaciones de presión que se anuncian».

El propio ministro Mariano Fernández Bermejo afirma, en una entrevista publicada ayer por un diario nacional, que la huelga de jueces «nos sitúa en una ruptura del marco legal». «¿Y quién fija los servicios mínimos? Ni los jueces lo saben», se contesta a sí mismo.

Para resolver las dudas que plantea el primer paro laboral de jueces en la democracia, el Poder Judicial celebrará en los próximos días un pleno extraordinario para estudiar la convocatoria. Ayer llegaron al consejo dos escritos de las juntas de jueces de Tarragona y Las Palmas, favorables al paro, en los que piden conocer quién debe ser el encargado de regular los servicios mínimos y otros aspectos de la jornada. Nadie sabe a ciencia cierta si debe ser el Poder Judicial, como patrón de los jueces, o los tribunales superiores de Justicia, como máximos responsables de la administración judicial en sus territorios.