El número de plazas para minusválidos está 2,4 veces por debajo de lo que marca la ley

La modificación de la vigente Ordenanza Municipal de Circulación ha sacado a la luz el reducido número de plazas reservadas para minusválidos del que dispone la ciudad de San Fernando. Según establece la Junta de Andalucía, por cada 50 plazas de aparcamiento existentes, una debe estar reservada para las personas con movilidad reducida. Sin embargo, el número de plazas señalizadas para este fin, dista mucho del aconsejado por la Administración autonómica. Así de 34.599 plazas de aparcamiento que hay en La Isla, sólo 288 tiene un uso exclusivo para minusválidos, cuando deberían ser 692. De estas, 158 son de uso público y 130 de carácter privado. A este respecto el Partido Socialista local aseguró que «el equipo de Gobierno de PA y PP ponen más difícil el acceso de las personas discapacitadas a la reserva de aparcamientos públicos».

Por contra, el delegado de Seguridad ciudadana, Alfonso González Nantes (PP) explicó que «las plazas se van señalizando a medida que las solicitan».

Ordenanza Modificada

La modificación de la Ordenanza de Circulación también ha sido objeto de críticas por parte del PSOE local. Sin embargo esta regulación fue aprobada en Pleno por una mayoría establecida por el PA y PP, y con la abstención en el voto de los socialistas. De esta forma, la nueva normativa refleja un endurecimiento de las sanciones para aquellas personas que hagan un uso indebido de las plazas reservadas para minusválidos, pudiendo ser las sanciones de entre 60 y 300 euros.

Otra de las medidas obliga a aquellas personas que tengan reconocida una minusvalía igual o superior al 33% y que soliciten la delimitación de un espacio público para uso privativo, además de justificar su grado de invalidez como hasta ahora, a que estén en posesión de la tarjeta de aparcamiento con movilidad reducida otorgada por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Pero esto no será suficiente. La autorización que emitirá el Ayuntamiento constará de una fotografía del titular que deberá permanecer expuesta en el vehículo. Además, en el momento de la utilización de la plaza de aparcamiento se debe estar transportando al discapacitado.

Otra de las modificaciones introducidas reduce la validez de la reserva a dos años, cuando hasta el momento la renovación no era preciso realizarla hasta tres años después de la concesión. El delegado municipal de Tráfico, Daniel Nieto (PP) explicó que «la intención del Ayuntamiento con la introducción de estas medidas no es más que la de reflejar la legislación y normativa europea, y de la Junta de Andalucía, además evitar que se haga un uso fraudulento de las mismas». Respecto a las críticas socialistas que acusaban al equipo de Gobierno de haber tomado estas decisiones sin contar con la participación de los colectivos afectados, y de la Junta Rectora de Servicios Sociales, Nieto manifestó que «sí hemos hablado con el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos (CRMF) y sin duda con esta modificación la ordenanza municipal se mejora y se beneficia a sus legítimos usuarios, que son los que tienen reconocida una minusvalía», añadió. Sin embargo, los socialistas achacaron la situación a «un afán recaudatorio del equipo de Gobierno local y a una consecuencia de la pérdida de plazas de zona azul en la calle Real, y las dificultades que está encontrando el Ayuntamiento por reubicarlas en otros puntos de la localidad y cumplir así con el contrato que mantiene con la empresa encargada de gestionar la ORA».