Necesaria aclaración
La reunión que celebrará hoy el presidente del Gobierno con los responsables de los principales bancos y cajas de ahorro españolas debería acotar los términos de la negativa polémica que se ha generado sobre las restricciones en el crédito por efecto de la crisis; y, en concreto, sobre la utilización que están dando las entidades concernidas a las medidas de apoyo del Ejecutivo -las subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros y el programa de avales- para asegurar la liquidez del sistema y su canalización hacia los requerimientos de familias y empresas. Las dificultades de financiación que están sufriendo muchas de estas últimas y su negativa proyección sobre la actividad y el mercado laboral certifican tanto las graves consecuencias que conlleva la contracción en los préstamos, como que las inyecciones de circulante no están alcanzando a quienes pueden requerirlo. La sospecha de que bancos y cajas han recurrido a las iniciativas gubernamentales con la intención antes de sanear sus balances que de reanimar el mercado crediticio explica las reiteradas advertencias lanzadas por el Gobierno; la última ayer mismo por boca de Rodríguez Zapatero. Pero resulta una estrategia tan baldía como inconveniente que el presidente insista en reprochar una actuación indebida a las entidades financieras que no está en condiciones ni de verificar con toda transparencia, ni tampoco de reorientar salvo por la vía de la persuasión.
Actualizado: GuardarDe ahí que la reunión de hoy deba servir para encauzar y aclarar una controversia que está subrayando la impotencia del Ejecutivo para hacer valer sus medidas por encima de la virulencia de la crisis, pero que también alimenta el resquemor hacia un sector cuya demostrada fortaleza está también ligada a la percepción que del mismo tenga la sociedad en la que opera. El argumento esgrimido por alguno de sus responsables, asegurando que el objetivo esencial de los estímulos públicos era dotar de liquidez al sistema, supone una tergiversación inapropiada que obvia que el destino último de las cantidades movilizadas debían ser las empresas y las economías domésticas. No cabe responsabilizar a las entidades financieras del recorte en la demanda de créditos, ni tampoco de que apliquen criterios más rigurosos a la hora de otorgarlos. Pero sí han de despejar, por el bien del conjunto de la economía, las dudas fundadas que existen sobre que esos criterios se han extremado constriñendo los préstamos al límite.
