La Junta tramita los expedientes de derribo de otras 20 casas

No todos los derribos responden a una orden judicial. La Junta también tiene capacidad para actuar, ejecutar y castigar los delitos contra el territorio que se cometieron generalmente bajo la bonanza del ladrillo. Aunque en su caso, se limitan a las viviendas que se levantan en zonas protegidas medioambientalmente.

El último ejemplo práctico de esta capacidad, se materializó la pasada semana en el derribo de la casa rural de la pedanía de Tavizna, en Benaocaz, que estaba construida sobre una vía pecuaria desde hace siete años.

Tras un intento de demolición, -frustrado por un grupo de vecinos de la pedanía, que impidieron el trabajo a las excavadora plantándose ante la vivienda-, a comienzos de semana los muros del inmueble eran echados abajo por las máquinas. El derribo sirvió como advertencia para los más de 20 propietarios que se encuentran e la misma situación: con un expediente administrativo incoado por la delegación provincial de Medio Ambiente, que ordena la demolición de las viviendas. El próximo 1 de febrero.