El coste de ser legal

Guillermina Ramírez se involucró en el movimiento vecinal que lucha en Chiclana por la regularización de las viviendas ilegales por experiencia propia. Ella, junto a su marido, de nacionalidad británica, ha sufrido en carne propia durante los últimos cinco años los problemas derivados de comprar una casa ilegal.

«Vivir en una casa que sabemos que no tiene licencia no es agradable», reconoce Guillermina. Lo cierto es que ellos no supieron de la situación al margen de la legalidad de su hogar (que es su residencia habitual), hasta poco después de haberla comprado.

«Se puede decir que fuimos engañados; decidimos retirarnos en España después de muchos años viviendo y trabajando en Inglaterra. Habíamos optado por comprar una casita en Chiclana, lo que hicimos en 2004 en el Camino del Romero de Rana Verde; después de que el vendedor nos metiera prisa nos decidimos a dar la señal; desde entonces todo fueron problemas», apunta.

Y es que Guillermina y su marido adquirieron un inmueble de 92 metros construidos en una parcela de 950 metros cuadrados «que cuando fuimos a dar de alta en el IBI y en Urbanismo nos dimos cuenta de que tenía una división horizontal irregular, que carecía de cédula de habitabilidad, no tenía suministro de agua legal, y de que el contador de luz pertenecía al vecino», recuerda.

Desde entonces esta familia chiclanera de adopción vive pendiente de que se abra de forma oficial el proceso de legalización de viviendas en Chiclana.

Actualmente ellos son uno de los cientos de propietarios que se integran dentro de las nueve Áreas de Gestión Básica que comprende zonas como El Sotillo o El Marquesado. Y serán de las primeras familias en poder contar con papeles en sus viviendas, puesto que Rana Verde es uno de los diseminados más consolidados del término municipal y de los primeros que se regularán.

El problema ahora es el elevado coste que tendrá contar con papeles. Según las primeras estimaciones de Urbanismo, la legalización de su casa podría costarles entre 35 y 48 euros el metro cuadrado. «Y encima nos dicen que medio de nuestra parcela pasa una carretera según el actual Plan General de Ordenación», lamenta Guillermina.

Esta familia, como miles en toda la localidad, tiene claro que «la regularización compensará siempre y cuando podamos afrontar el pago por los servicios que vamos a recibir», y que en su caso, pasan incluso por «poder tener línea de teléfono o internet, que ahora no podemos», apuntan.

En los últimos años, numerosos propietarios se han movilizado para defender sus intereses formando parte del tejido asociativo y vecinal. Desde la Federación de AAVV Rana Verde a la que pertenece Guillermina se recuerda que «nosotros decimos sí a la regularización de viviendas ilegales, pero no a cualquier precio».

Además, por su nacionalidad y experiencia en el extranjero, esta familia conoce numerosos casos de ciudadanos británicos que «ahora se arrepienten de haberse venido a vivir a Chiclana».

A día de hoy, y según las estimaciones oficiales, en la localidad existen unas 15.000 viviendas construidas al margen del planeamiento urbano.

A pie de carril, esperando que la Administración les pida los papeles para iniciar su expediente de legalización que llevan años guardando en una carpeta, Guillermina y su marido se sonrojan cuando escuchan esa cifra; y es que ellos saben positivamente que son muchas más.

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