El PSA justifica que los contratos fueron fruto de un pacto político

El Partido Socialista de Andalucía fue uno de los primeros en pronunciarse ayer sobre las presuntas contrataciones irregulares que la Fiscalía Anticorrupción vincula al militante y antiguo líder de la formación, Pedro Pacheco. Sin embargo, contra todo pronóstico, el miembro de la Ejecutiva Nacional del PSA, Juan Román, salió a la palestra no para negar que se hubieran producido dichas actividades ilícitas, sino para justificar que en todo caso cualquier contrato que se gestó durante el periodo investigado (de marzo de 2005 a abril de 2007) se realizó en el marco de un pacto político.

«Aunque no conozco bien el tema -reconoció Román-, está claro que todo fue consecuencia de un pacto, por lo que el PSOE debería estar al tanto. Me parece una desfachatez que saquen esto ahora». El socialista andaluz intentó desviar atenciones argumentando que la Justicia debería investigar también a los asesores de la alcaldesa, Pilar Sánchez, que «trabajan todos los días en la sede de su partido, pagados por el Ayuntamiento».

Además, Román apuntó a otro tipo de intereses que se esconden detrás del hecho de que la denuncia por parte de Alcaldía se produjera el pasado año, sentenciando que «esto está motivado porque Pacheco anunció que iba a volver a la política, ya que la denuncia coincidió con su intención de regresar». En cualquier caso, aludió al tiempo como factor fundamental para determinar el alcance real de los hechos.

La alcaldesa, por su parte, prefirió pasar de puntillas por el controvertido asunto declarando que «soy muy prudente y respetuosa con los temas judiciales, por lo que prefiero no pronunciarme al respecto». No obstante, la primera edil subrayó que todos los cargos públicos «deben dar cuentas de su gestión», por lo que esperará al dictamen de la Justicia para posicionarse.

Muchos más casos

El que sí expresó su opinión abierta sobre la polémica fue el concejal de Izquierda Unida en Jerez, Joaquín del Valle, al que llamó la atención que «se hayan denunciado sólo dos casos puntuales, cuando se han producido muchas más cosas a nivel de contrataciones». En este sentido, Del Valle recordó que el actual Gobierno local prometió impulsar una auditoría municipal que nunca se llevó a término, recalcando que «se debería sacar todo y dar las correspondientes explicaciones». No en vano, el concejal de IU señaló la responsabilidad de la alcaldesa como dirigente máximo de la Corporación durante el periodo investigado, criticando que el PSOE «esté acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano».

La reacción del Partido Popular, una de las más esperadas, resultó la más tibia de la oposición. Su presidente local, Bernardo Villar, fue el encargado de trasladar la opinión del partido, ya que la portavoz, María José García Pelayo, permaneció ilocalizable durante todo el día. Villar insistió en su desconocimiento total del asunto, haciendo hincapié en que «nosotros estábamos fuera de esas sociedades, fue un periodo en el que no teníamos responsabilidades».

El popular aseguró desconocer los motivos de que la denuncia se hubiera producido el año pasado, como también mostró su ignorancia sobre la posible responsabilidad o no del PSOE en todo el asunto. «La explicación la tendrán que dar los presidentes de las sociedades implicadas, yo no puedo valorar eso».

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