El Gobierno de Madrid dice que «jamás» ordenó, amparó o conoció el espionaje

Ni un rayo de luz fue capaz de arrojar el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid y 'mano derecha' de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, sobre la supuesta trama de espionaje vinculada con su departamento. El también secretario general de los populares madrileños compareció ayer ante la Asamblea regional para tratar de aclarar las informaciones que le sitúan en el centro de una turbia red de seguimientos a cargos políticos de su partido. Pero en la hora escasa de su intervención no ofreció dato alguno para desvincularse de los hechos que son objeto de investigación judicial, tan sólo su palabra de que «jamás» ordenó, amparó ni conoció casos como los relatados ni creó un servicio de espías. Que se controlaran los movimientos de alguien «dentro de sus competencias» es, según dijo, otra cosa.

El responsable de Seguridad dio por hecho que una de las labores de los técnicos y asesores que dependen de su departamento es «vigilar» edificios, bienes y también «personas» de la Comunidad de Madrid, pero consciente de la carga que conlleva el verbo, lanzó balones fuera hacia el principal rival político de Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, a quien atribuyó el convenio laboral en el que se les adjudican tales competencias. De este modo, se escudó en que tanto las funciones como la estructura del equipo bajo sospecha fueron una creación del socialista Joaquín Leguina que «impulsó y potenció extraordinariamente» el hoy alcalde de Madrid cuando ocupaba la presidencia del Gobierno autonómico. «En la actualidad -se escudó- este grupo realiza exactamente las mismas funciones que venía realizando en anteriores legislaturas».

Con este requiebro trató de defender la legalidad y trasparencia de las actuaciones de su cuerpo de Interior. Una legalidad que fundamentó en la investigación «reservada» abierta por la secretaría general técnica de su departamento después de que el diario 'El País' publicara lo que llamó la «gran mentira» sobre las ocupaciones de su asesor y supuesto jefe del servicio de espionaje, Marcos Peña. Amparado en ese carácter 'reservado' no ofreció detalle alguno de esas pesquisas que, aún así, pretendió que sirvieran para zanjar las dudas planteadas por los diputados de la oposición, la socialista Encarnación Noya y la portavoz de IU, Inés Sabanés. Una vez fuera de la comisión, dio pistas sin embargo de la escasa profundidad de la indagación.

Granados aseguró que tras tomar testimonio a altos cargos, asesores y personal eventual sobre las informaciones publicadas «ninguno de ellos ha afirmado conocer ni haber ordenado ni haber participado ni haber tenido noticias en estos asuntos». Con todo, eludió poner la mano en el fuego por todos los funcionarios de su consejería con el argumento de que la Comunidad de Madrid es muy grande y sólo ha hablado «con los que ha hablado». No dijo quienes ni cuántos fueron interrogados, pero sí que en la lista estaban los mencionados en las crónicas, como el propio Marcos Peña, de quien trató de distanciarse al asegurar que no tiene trato directo con él. «Yo despacho con los viceconsejeros y la secretaria general técnica», subrayó.

Crear una comisión

Si el número dos del PP de Madrid pretendía frenar con su intervención la polémica, no lo logró. Los populares aspiran a situar este asunto sólo en el ámbito de la Justicia para evitar más desgaste político, pero la oposición insiste en la creación de una comisión de investigación en la cámara. Con afán conciliador, Granados aseveró que siempre estará a disposición de «cualquier comisión que los grupos planteen» -aunque su formación, con mayoría absoluta, no tiene intención de respaldarla- y, sin embargo, llegó a minimizar la importancia de los hechos y a compararlos con la «alarma» que causa la crisis económica.

Los socialistas, que han llegado a la conclusión de que es mejor medir sus pasos en este asunto y no entrar a degüello para evitar el efecto cohesionador que produce siempre el enemigo externo, se limitaron ayer a reclamar por boca de su secretario general madrileño, Tomás Gómez, que se ponga en marcha la citada comisión. Si no, dijo, Granados tendrá que dimitir. «Hoy -dijo- Madrid tiene un Gobierno roto, un Gobierno en el que no se fían unos de otros, en el que presuntamente se espían unos a otros, un Gobierno en el que están todos contra todos, y desde luego, hay que devolver la ética y la estabilidad a las instituciones».