El Ejecutivo promueve la anulación de las listas de Askatasuna y D3M

El Gobierno ordenó ayer a la Abogacía del Estado que promueva ante el Tribunal Supremo la anulación de las candidaturas para las elecciones vascas de Askatasuna y Democracia Tres Millones (D3M), así como la ilegalización de la primera de estas fuerzas. El Ejecutivo decidió poner en marcha ambos procesos a la vez porque tiene «un relato probatorio» suficiente para que la justicia adopte las dos medidas, a diferencia de lo ocurrido en 2007 con las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) para las municipales.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega explicó que los informes de las fuerzas de Seguridad acreditan que hay «vínculos» entre D3M y Askatasuna con Batasuna y otros partidos ilegales. En concreto, la plataforma electoral, según el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros, mantiene «vinculaciones» con Batasuna; mientras que Askatasuna tiene relación con todos los ilegalizados entre 2003 y 2008, Batasuna, Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Partido Comunista de las Tierras Vascas y ANV.

La portavoz gubernamental no detalló qué pruebas han recabado la Policía y la Guardia Civil y se limitó a decir que se ha constatado la existencia de «conexiones, reuniones y otros elementos que están probados en los informes» de las fuerzas de Seguridad.

Fuentes gubernamentales precisaron que «la filosofía» de los estatutos de Euskal Herritarrok y Askatasuna es «parecida», y además son relevantes «las declaraciones de quienes promovieron» la plataforma D3M y la candidatura del partido durmiente creado en 1998.

Fernández de la Vega señaló tras la reunión del Consejo de Ministros que los abogados van a «ejercer todas las acciones» previstas en la Ley de Partidos para que ambas candidaturas no puedan presentarse a las elecciones del 1 de marzo. «El Gobierno -aseguró- está decidido a cumplir y a hacer cumplir la ley para evitar el fraude que algunos pretenden».

A partir de ahora, los servicios jurídicos presentarán ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo entre el 4 y 5 de febrero sendas demandas de impugnación de las listas. Los jueces deben, de acuerdo a la ley electoral, resolver antes del 8 de febrero. La decisión puede ser recurrida ante el Constitucional, que tiene de plazo para pronunciarse hasta la medianoche del 12 de febrero, cuando empieza la campaña en Euskadi.

En el caso de la ilegalización de Askatasuna, los letrados presentarán, al amparo de la Ley de Partidos, una demanda ante el Supremo para que decrete que esa organización ha dejado de ser legal, disponga su disolución, cancele su inscripción en Interior y ordene el cese de actividades. Este proceso no tiene plazos, a diferencia de la anulación de las listas.

Fuentes gubernamentales justificaron esta contundencia en comparación con las medidas tomadas con ANV para las municipales de 2007 en que entonces no estaba «maduro» el proceso para impulsar la anulación de candidaturas ni para instar su ilegalización. El Supremo anuló entonces 133 de las 245 listas de ANV, pero no abrió un proceso de ilegalización porque la Abogacía no lo reclamó hasta enero de 2008.

La diferencia, insistieron las fuentes, radica en que ahora las fuerzas de Seguridad tienen pruebas suficientes para la impugnación de las listas y para plantear la ilegalización, y hace dos años el entramado probatorio era más débil, como lo demuestra que casi la mitad de las candidaturas de ANV pasasen el filtro del Supremo y del Constitucional.