FISCAL. En su despacho momentos antes de comenzar la entrevista. / JAVIER FERNÁNDEZ
VICENTE DE JUAN FISCAL DE MENORES DE JEREZ

«Están aumentando los casos de malos tratos de hijos a padres en Jerez»

«Las sentencias a menores en libertad vigilada tardan mucho en ejecutarse y con esta situación el menor sigue descontrolado y no corrige su conducta»

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El fiscal me recibe alto, impecablemente vestido. Sus ojos de un azul limpísimo suelen mirar atentos. Hablaremos de menores, de historias que van y vienen de 14 a 18 años, a los que la vida no supo o no quiso darle algo mejor para soñar. Queremos conocer algunas de esas historias y cómo actúa la Justicia en estos casos. De Juan tiene 46 años y enseguida pone su profesión al servicio de esta periodista. Estudió la carrera de Derecho en Navarra. Después de un tiempo en la Escuela Judicial de Madrid, llegó a la Fiscalía de Jerez en el 93 despachando asuntos de mayores. Hasta que se creó, el 30 de diciembre de 2005, el Juzgado de Menores de Jerez

-Protección y Reformas son las áreas en las que se divide el trabajo de un fiscal de Menores. ¿En qué consisten?

-El área de Protección hace referencia a menores que se encuentran en situación de desamparo, en cuyo caso se dota de una medida de protección a ese menor que puede derivar en privación de la patria potestad y derivar a ese menor a un centro de protección tutelado por la Junta de Andalucía. Ahí se sigue un procedimiento en el que el fiscal tiene intervención. Si bien en Jerez no llevamos la rama de protección, que está centralizada en Cádiz puesto que ahí es donde Servicios Sociales de la Comunidad tiene la sede. Aquí se lleva la otra gran rama, la de Reforma.

-¿Reforma a qué hace referencia?

-A los delitos y faltas cometidos por menores de edad que tienen entre 14 y 18 años. A partir de esta edad ya los ve la jurisdicción ordinaria de mayores. Por debajo de 14 no tiene responsabilidad penal.

-¿Cuál es la labor del fiscal?

-Es quien instruye, quien dirige la fase de investigación previa al juicio y tiene además importantes facultades de decisión sobre ese procedimiento. Es decir, el fiscal es quien recibe la denuncia de un hecho que en principio puede ser constitutivo de un delito o de una falta. En Menores es el fiscal quien decide si inicia un procedimiento contra ese menor. La ley le otorga la facultad, en determinadas circunstancias, de no seguir ese expediente. Puede ocurrir que el menor tenga antecedentes o se considera que debe intervenirse. Entonces el fiscal comienza a practicar las diligencias de investigación.

-Que son

-Se cita a declarar al menor en Fiscalía y declara siempre ante el fiscal, no ante el juez. Eso sí, asistido por un abogado y un representante legal, normalmente su padre o su madre. El fiscal ordenará otras diligencias que pueden ir desde una testifical o pedir declaración a algún testigo de los hechos, que se analice una droga intervenida, análisis toxicológicos... En fin, la aportación de los documentos que se estimen necesarios. Una vez finalizada esta fase de instrucción, el fiscal puede decidir entre solicitar el archivo o bien llevarlo a juicio.

-¿Qué medidas hay recogidas para un menor?

-Están las más graves, que son internamiento en un centro de reforma, con varias modalidades; o internamiento cerrado, con el no puede salir del centro para nada durante un tiempo; semiabierto, con el que realiza parte de sus actividades fuera del centro; o abierto, que hace vida fuera pero duerme y convive en el centro. Y luego está el terapéutico, cuando hay un problema psiquiátrico o una adicción. Entonces puede acordarse el internamiento en un centro especializado. La medida más grave es la de internamiento y las más leve la amonestación. Como su propio nombre indica, es una especie de reprimenda dada en audiencia pública por el juez, que le hace ver lo erróneo de su comportamiento y le da una advertencia de cara al futuro. Entre esas dos hay muchas otras medidas.

-Señale las más frecuentes.

-Las más comunes son la libertad vigilada y las prestaciones en beneficio de la comunidad. Hay otras importantes, como las tareas socioeducativas, el centro de día o el alejamiento de la victima.

-¿Qué suponen estas medidas? ¿Cómo afectan al menor?

-La libertad vigilada supone que se le asigna al menor un educador de medio-abierto que se pone en contacto con el menor y la familia. Elaboran un plan de actuación durante el tiempo que se haya establecido en la sentencia. Por ejemplo, un año de libertad vigilada: durante ese tiempo el educador controla, acompaña al menor, complementa la labor de los padres... Es una labor fundamental, pues en la mayoría de los casos se ha llegado a esa situación por un descontrol familiar, porque los padres bien han hecho dejadez de funciones o han omitido su función primordial, que es la de estar pendiente de sus hijos. O se han equivocado, de buena fe, pero les han sobreprotegido, les han justificado excesivamente. Ese niño ha ido descontrolándose hasta llegar a cometer un delito.

-Al final lo que se busca es la reeducación ¿no?

-La finalidad esencial de la Ley de Menores es la reeducación o la resocialización. Por tanto, aunque sea una Ley Penal, con cierto carácter punitivo, el fin es educativo. Tratamos de evitar que cuando cumpla 18 años siga por ese camino y pueda acabar en prisión. En ese sentido es mucho más gratificante que la jurisdicción de mayores, porque la prisión en muy pocos casos sirve de nada, mas allá de apartar de la sociedad durante un tiempo a alguien que ha cometido un delito. Que en algunos casos (sonríe) no está mal, pero difícilmente la pena de prisión es rehabilitadora. En menores todas las medidas, sobre el papel, tienen una finalidad rehabilitadora. Los educadores son gente joven y están acostumbrados a moverse en ambientes similares. Les echan una mano y tenemos algunos casos donde sí ha funcionado.

-¿Cuántos menores reinciden?

-Hay un núcleo, minoritario, que son reincidentes. La rehabilitación es difícil porque el ambiente familiar no les favorece. Falta apoyo y cuando cesa la duración de esa medida vuelve a la misma situación que vivía antes. Pero sí ha habido casos llamativos de convivencia muy difícil de menores que estaban todo el día en la calle y empezaban a consumir, y a partir de esas medidas ha habido cambios significativos. Con que haya uno o dos ya me parece suficiente motivo para seguir apostando por la jurisdicción de menores.

-¿Qué casos trabajan con chicas?

-Las chicas son minorías, y con determinadas características. Los violentos y las agresiones están casi monopolizados por chicos. Excepto, y es curioso, en temas de violencia familiar. No tengo datos estadísticos, pero sí que existe casi una equiparación. Un número importante de niñas han sido denunciadas por sus padres por malos tratos a éstos derivados por la incapacidad de control. Vienen aquí francamente angustiados diciéndonos: «Intérneme a mi hija». Los casos de violencia, de hijos a padres en menores de entre 14 a 18 años están aumentando. El año pasado hubo 40. Tengo que decir que el Derecho Penal es el último asidero al que agarrarse, que la educación es responsabilidad de los padres. Nosotros, como última solución cuando ya ha habido un fracaso familiar, escolar, educativo, de los servicios sociales...

-Ayuda al Sistema, ¿cómo se puede llegar a esto?

-En muchos casos porque no han podido o no han sabido frenar a tiempo esa situación.

-Quizás los padres no cuentan con los recursos, el entorno necesario para afrontar esas situaciones.

-O la habilidad para reconducir los conflictos que se iban presentando en la familia, porque el nivel cultural aunque en casos de malos tratos se iguala mucho. Hemos tenido situaciones de nivel cultural medio-alto con problemas con sus hijos, pero es verdad que se dan más casos en niveles más bajos, donde faltan las habilidades personales. Es una lástima, pero no han sabido manejar la situación. Lo han hecho de muy buena fe, en ocasiones pecando de sobreprotección, de darle todo al hijo sin poder, pues son familias de escasos recursos. Hay un caso reciente de una señora que me contaba: «Yo que me mato a trabajar fregando escaleras para que tenga la moto que todavía estamos pagando y ahora me hace esto». Había cometido robos y la madre se lamentaba: «¿Es que no le falta de nada!». Quieren dar a sus hijos todo lo que ellos no han tenido y hay que poner limites, pero por su propio bien. De forma razonable, dialogada, pactada, pero sabiendo que hay normas. Hay bastantes casos de menores que por violencia familiar están en centros abiertos. Hacen su vida fuera pero conviven con un grupo tutelado por educadores. O si el problema es de agresividad, violencia se le manda a un centro de internamiento por delitos de este tipo. Se empieza por discusiones en el seno de la familia, salen a todas horas, no obedecen ni respetan los horarios de la casa, ni las normas, dejan los estudios... De ahí se pasa a discutir y enfrentarse a los padres, a insultar, amenazar... Eso va creciendo y la violencia verbal pasa a veces a la física.

-¿Lo más sano es sacar a ese hijo de la casa llegado ese momento?

-Si no tiene otro familiar que no pueda acogerle, hay que sacarlo de la casa por el bien de los familiares que están sufriendo amenazas, insultos e incluso agresiones. Y por el bien del propio menor, para tratar de alejarlo inicialmente de ese ambiente tenso y conflictivo. La idea es trabajar la mediación familiar y que vuelva con sus padres. Trabajar por un lado con el menor y con el otro con la familia para enseñarles esas habilidades que no tuvieron, bien por ser demasiado severos o excesivamente laxos en las normas.

-¿En qué se basan las medidas?

-En menores los delitos son los que están recogidos en el Código Penal. Pero las medidas no están asignadas de antemano a un delito, sino que se solicita en función de varias circunstancias personales, familiares y sociales. Adjunto a la Fiscalía de Menores, pieza fundamental en los procedimientos, se encuentra un equipo de psicólogo, educadora y trabajadora social. Es obligatorio que este equipo técnico vea al menor que ha cometido un delito o una falta, después de declarar en Fiscalía. Le hace una entrevista, recavan informes del colegio o de otra índole. Al final hacen un informe como familia desestructuradas, problemas económicos, con estilo educativo justificativo... O resulta que no, que es una familia sin problemas. También se hace una breve reseña de cómo funciona en el colegio y por último un perfil del menor, si es introvertido, agresivo Y al final el equipo técnico orienta. Aquí tenemos una relación muy buena y solemos coincidir casi siempre sobre qué medida le conviene a ese menor. Al no tener una medida asignada, como en mayores, puede ocurrir que dos menores que hayan cometido un hecho igual uno salga de aquí con internamiento y otro con prestaciones en beneficio de la comunidad.

-Depende de las características.

-Claro, hay menores que ya están en una fase que requiere más contundencia y hay otros que ha sido una equivocación puntual, pero que tienen un apoyo familiar que le ofrece las suficientes garantías.

Ante mi desazón, el fiscal me anima. Sonriendo me hace ver, aunque lo sé y afortunadamente lo compruebo, que hay otra juventud muy sana que no comete delito, que estudia, que se esfuerza.. Pero aún me cuenta que «esta mañana ha estado la madre de un niño de 12 años, absolutamente desesperada; su hijo le pega literalmente y está llena de moratones, le destroza los muebles de la casa Probablemente tenga algún problema de carácter psiquiátrico, de salud mental, pero nosotros no podemos intervenir ahí. Por la edad, le hemos derivado a Protección de Menores, que algo podrán hacer».

-¿Tienen los medios y el personal suficiente en la Fiscalía de Menores o se quejan como los jueces?

-Yo no me quejo, explico la situación. Los delitos siguen, las medidas se imponen, los expedientes se acumulan Habrá que trabajar más. Pero sí que habría que dotarla de más medios, de más personal. Es verdad que hay cosas que no funcionan como deberían. Las medidas de internamiento lo hacen razonablemente bien, pero las de medio-abierto aquí en Jerez son mejorables. Cuando un menor comete un delito es muy importante que la respuesta sea rápida. En Fiscalía, como en los juzgados, procuramos que la tramitación de los procedimientos no se alargue innecesariamente. Lo que desanima es que, una vez que está puesta la sentencia en un tiempo razonable, tarde mucho en ejecutarse.

-¿Está reclamando más presupuestos, más personal?

-Yo comprendo que los presupuestos son limitados pero las necesidades son ilimitadas. Los que trabajamos en Menores nos desanima en determinados momentos. Los educadores que controlan la libertad vigilada, que hacen una muy buena labor, tienen demasiados niños. Cada uno de ellos controla a más de treinta.

-Gastar más en educación pero también en justicia.

-Igual que la educación de los jóvenes es esencial, mucho más tratar de evitar que los que empiezan con problemas desde la adolescencia cuando alcancen la mayoría de edad no supongan un peligro.

-¿Y sobre las de prestación en beneficio de la Comunidad?

-En estas prestaciones sigue habiendo un número de prescripciones demasiado grandes. Es decir, si transcurre un año desde que se dictó la sentencia y esa medida no se ha ejecutado, prescribe. Se archiva y se refuerza el sentimiento de impunidad del menor por un lado, pero además todo el trabajo que hemos hecho previamente (jueces, fiscales, funcionarios, abogados ) no ha servido para nada.

-¿En qué se ha mejorado?

-Digamos que un año atrás prescribían casi el 90% de las medidas de prestaciones sin haberse iniciado. Ahora estamos en el 65%, pero no puede ser que ese número tan alto siga prescribiendo.

-Entonces las sentencias en Jerez tardan en ejecutarse.

-Tardan en ejecutarse. Mire, hay medidas de libertad vigilada que tardan de media (mira su ordenador). Hay una que la sentencia es de 2008 y no tenemos noticias de que se haya iniciado, aún no se le ha asignado un educador. Ese niño no tiene a nadie que le marque unas pautas de comportamiento.