Las familias objetoras a Educación a la Ciudadanía no llevarán sus hijos a clase

Los padres que han presentado una objeción de conciencia para que sus hijos no cursen la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la provincia seguirán adelante con sus reivindicaciones, a pesar de que el Tribunal Supremo se pronunciara en contra de su protesta el pasado miércoles.

Es lo que aseguran los colectivos y plataformas que representan a las más de 1.650 familias objetoras de Cádiz. «La sentencia es un palo en la rueda -reconocen- pero tenemos la posibilidad de pedir la anulación provisional al Tribunal Constitucional», aseguró ayer el portavoz del Foro de Laicos Asidonia, Ignacio Martínez. Esta plataforma es la que aglutina a la mayoría de las asociaciones de la provincia (siete en total), con colectivos en Chiclana, San Fernando, Cádiz y especialmente en El Puerto.

Los padres advierten que, pese a la decisión del Supremo, «los niños seguirán sin cursar la asignatura». Así lo sostiene por ejemplo Antonio Sánchez, portavoz de la plataforma en la capital, Cádiz educa en libertad. Y su decisión coincide con los portavoces de plataformas afines.

Las interpretaciones de los padres llegan incluso a considerar que la decisión del Supremo sólo hace referencia a los recursos que la motivaron (presentados en Asturias y a la sentencia del TSJA en Andalucía, que dio luz verde a la objeción de una familia de Bollullos del Condado, en Huelva). La «sentencia sólo les afecta a ellos, así que nuestras denuncias siguen adelante», explica Sánchez.

De la misma opinión son los integrantes de la recién creada plataforma Jerez Libre para Educar: «Aunque a estos cuatro casos les quiten el derecho a la objeción de conciencia, los demás siguen adelante», explica Nacho Fontán, que considera incluso que el Alto Tribunal, lejos de dar un golpe a sus reivindicaciones, «recoge muchas de las demandas que nosotros hacemos; queremos estudiar bien la sentencia cuando la tengamos completa», añade.

A Estrasburgo

Sea como sea, la disposición de los padres de llegar «hasta el final» en los tribunales lo expresa Guillermo Carrero Blanco, portavoz de la plataforma portuense, que dejó claro ayer que los padres «no se han rendido» y «recurrirán ante el Constitucional». Ignacio Martínez incluso no descarta acudir al Tribunal de Estrasburgo, aunque el siguiente paso que dará la plataforma Foro de Laicos será reunirse con las familias para «ver hacia dónde tenemos que encaminarnos», adelanta.

En el conjunto de Cádiz, el número de recursos supera los 1.650, presentados ante la Delegación provincial de Educación contra esta asignatura que se imparte desde el curso pasado en 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Una treintena de estas familias cuenta ya con medidas cautelares, que permiten (por orden judicial) que sus hijos no acudan a clase. En el otro lado de la balanza de afectados por la decisión, pero en mucha menor medida, se encuentran los profesores, un colectivo entre los que también han existido posiciones enfrentadas sobre la polémica.

Opiniones a favor

Los representantes de Educación de CC OO y UGT, por ejemplo, se mostraron ayer satisfechos con la resolución judicial que deniega la objeción de conciencia contra la asignatura. En ese sentido se expresaba el secretario provincial de Educación de Comisiones, Manuel Gómez de la Torre, quien instó a «que se acate el fallo» e invitó a los padres a desistir en «presentar más recursos, porque con ellos no hacen sino perjudicar a los alumnos». Aun así, recordó que la cantidad de familias gaditanas objetoras «es un número no excesivamente amplio teniendo en cuenta el total de alumnos».

Desde UGT se mostraron igualmente «satisfechos» con la sentencia del Tribunal Supremo porque «clarifica jurídicamente que es de obligado cumplimiento para todos los alumnos de España». A través de un comunicado expresaron su temor a que «los iniciadores del conflicto no se conformarán y seguirán haciendo ruido para mantener una polémica innecesaria».

Una posición más cauta es la que mostró ayer el sindicato FSIE, mayoritario en centros privados y concertados donde son más abundantes las objeciones. En este sentido, valoraron ayer en una nota de prensa que «aunque no está del todo cerrado el conflicto planteado, sí se dan los cauces para unificar posturas».

Por último, desde un plano meramente político, el senador del PSOE, Juan Cornejo, esperó que esta sentencia «posibilite el regreso a las aulas de la normalidad con la que, hasta ahora, más de un millón de alumnos han cursado o están cursando en España la asignatura», manifestó también en un comunicado.