El Ayuntamiento inicia los trámites para personarse en el proceso de protección de la Aduana, revocarlo y poder derribarla

El grupo popular eleva a Pleno una petición para intervenir en el expediente como "interesado" y recuerda que faltan muchos meses y varios trámites hasta que el edificio esté formalmente protegido.

El Ayuntamiento de Cádiz cree que aún es posible mantener lo pactado con Gobierno y Junta en la plaza de Sevilla. Con la Ley en la mano, el Gobierno local considera posible participar en el proceso de protección de la aduana. De hecho, desde San Juan de Dios se considera que, por ahora, sólo se ha producido una petición que debe superar varios trámites administrativos, a lo largo de meses, para convertirse en una catalogación oficial que impida el derribo del inmueble. El grupo popular niega sea un hecho inevitable. El concejal delegado de Urbanismo, Ignacio Romaní, presentó ayer una propuesta al próximo Pleno en la que materializa esta convicción y en la que se incluyen algunos pasos que Gobierno local anuncia para intervenir en el proceso.

El teniente de alcalde que ha presentado formalmente el escrito defiende que ni el informe que encargó la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía ni la comunicación que se ha recibido en San Juan de Dios con la intención de incluir el polémico edificio en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC) suponen la confirmación de la protección administrativa del edificio. Primero, los expertos de este Registro deben aceptar su inclusión. Después, debe ser el Inventario de la Dirección General de Bienes Culturales el que acepte añadir este edificio. Sólo entonces, la protección será real y oficial.

A juicio del grupo popular, los pasos que se han dado hasta ahora por parte de la Delegación de Cultura de la Junta en la provincia de Cádiz, que tanto debate político y social han levantado durante las dos últimas semanas, sólo suponen una petición, una intención inicial, pero nunca una declaración formal.

El delegado de Urbanismo de Cádiz menciona en el escrito oficial varios artículos de distintas leyes, especialmente de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en los que se recogen los pasos precisos, y aún pendientes, para que un edificio sea declarado bien patrimonial de forma oficial y, por tanto, quede protegido.