El TSJA ratifica que la expropiación de los huertos de ocio no se ajustó a Derecho

Los parcelistas que sufrieron la expropiación de los huertos de ocio de San José Obrero han ganado la segunda batalla consecutiva a la antigua Gerencia Municipal de Urbanismo, consiguiendo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratifique la anulación de los desalojos dictada por el Juzgado de lo Contencioso de Jerez el 14 de julio de 2008. La sentencia del TSJA del 13 de enero, al que este periódico ha tenido acceso, desestima así el recurso de apelación presentado en su momento por la Administración e impone a ésta las costas de una parte del procedimiento.

Lo más importante es que contra este último fallo judicial no cabe recurso alguno, por lo que se establece de forma definitiva que los expedientes son nulos de pleno derecho. La sentencia también admite la inclusión en el proceso en calidad de demandantes de dos parcelistas afectados, Guillermo Romero Pérez y Francisco Contreras Aparicio, que fueron apartados del mismo en un principio. El abogado de los perjudicados, Francisco Pérez Vera, mostró ayer su alegría por la noticia, subrayando el hecho de que se trate ya del segundo dictamen judicial que da la razón a sus representados.

«La primera sentencia ya decía que los expedientes eran nulos de pleno derecho, porque habían sido dictados prescindiendo de las normas y en claro beneficio de Xera Promociones. El TSJA confirma ahora la sentencia, lo que corrobora que lo que hicieron fue una barbaridad y constituyó una ilegalidad, con una actuación contraria a Derecho». Sin embargo, la actividad de los demandantes no acabará aquí, puesto que una vez conseguida la nulidad de los expedientes de desalojo, ahora quieren hacer lo propio con los de permuta.

Es decir, los denunciantes pretenden demostrar que esa transmisión de terrenos y no sólo la expropiación se realizó también prescindiendo de la legalidad, lo que produjo una consecuencias lesivas a los hasta entonces arrendatarios. «Demostraremos que la transmisión estaba radicalmente viciada y seguiremos tirando del hilo, porque esto dará aún mucho más de sí».

Irregularidades

Los hechos que originaron la denuncia se remontan al acuerdo suscrito en octubre de 2003 entre el entonces delegado de Urbanismo, Pedro Pacheco, y el propietario de Xera Promociones, José Antonio Monreal. Dicho convenio recogía la expropiación de la finca de los huertos de ocio, que se produjo en 2004, para pasar a manos de la citada promotora que levantó allí con posterioridad varias decenas de viviendas unifamiliares.

Los arrendatarios de estas parcelas consideraron que los responsables políticos podían haber incurrido en un delito de prevaricación, al adoptar una resolución irregular que escondía intereses urbanísticos. Cabe recordar que la alcaldesa por aquel entonces era la popular María José García Pelayo, que también está imputada, así como otros políticos del Gobierno actual como la primera regidora, Pilar Sánchez, o los delegados de Infraestructura y Viviendas y Fomento Económico, Antonio Fernández y Francisco Lebrero, respectivamente.

admontalvo@lavozdigital.es