
El PP estudia llevar a los tribunales la libre designación de 180 altos cargos
García-Pelayo dice que el acuerdo del Gobierno local «es a todas luces ilegal» Pide a la alcaldesa que solicite al Catastro la anulación de la ponencia de valores
Actualizado: GuardarEl PP volvió ayer a referirse a la libre designación de 180 altos cargos por parte del Gobierno municipal, después de que éste diera marcha atrás a la medida en el Pleno del lunes. La portavoz popular, María José García-Pelayo, recordó que «amenazamos al PSOE con los tribunales» ante lo que consideran un «doble abuso», ya que «nos cambiaron los papeles, pues lo que aprobaron en la Comisión de Hacienda no es lo que llevaron a exposición pública». Insistió la también parlamentaria andaluza en que «nos lo ocultaron, por lo que el acuerdo es a todas luces ilegal».
No convence a la portavoz popular el argumento de que es una medida excepcional, «cuando se trata de 180 altos cargos», además de que «no es provisional, puesto que la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) va a durar hasta dos años». Algo muy preocupante teniendo en cuenta también que «no se exige titulación: basta con ser diplomado y tener el carné del PSOE». Por todo ello, García-Pelayo confirmó que «seguimos estudiando el acuerdo, que está en manos de nuestros abogados en Sevilla y que es a todas luces ilegal». En definitiva, «no descartamos recurrir ni a la vía penal ni al Contencioso-Administrativo, ya que se han saltado la Ley».
Por otro lado, la portavoz popular se refirió a preguntas de los periodistas a la polémica revisión de los valores catastrales, después de la anulación de casi una decena en la ciudad: «Inmediatamente nos pondremos a trabajar y nos pondremos a disposición de los ciudadanos, que se pueden seguir acercando a nuestra sede para buscar asesoría».
Pero el principal objetivo es la presentación de una reclamación ante la alcaldesa Pilar Sánchez para que dé órdenes al Ayuntamiento de que solicite a su vez a la Dirección General del Catastro que anule la ponencia de valores: «Es necesaria una reacción inmediata y que se produzca el efecto dominó para que se contagie al resto de ciudadanos de Jerez».
Según García-Pelayo, la regidora fue «la consentidora de esta revisión, ya que tuvo hasta tres oportunidades para pedir que se parara esta tropelía impositiva». Por ello, la portavoz popular pidió a la alcaldesa, en definitiva, que «entone el mea culpa».
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