«Las administraciones deben intervenir»
Los representantes de las secciones sindicales del comité de empresa de Qualytel fueron ayer tajantes: las administraciones regional y local deben intervenir en este conflicto y exigir responsabilidades a una empresa que «ha recibido más de 1,3 millones de euros de subvenciones, que efectúa trabajos para servicios públicos (Salud Responde, 112, etc.) y a la que en esta ciudad incluso se le ha cedido un edificio y se le han dado todas las facilidades para su instalación».
Actualizado:Ignacio Bescos, representante de la sección estatal de CC OO en Qualytel dejó claro que «todas esas razones dan legitimidad a los gobiernos para tomar partido frente a una empresa que juega con los intereses de los trabajadores». En este punto, Bescos recordó que el caso que se está produciendo en Jerez es idéntico al que tuvo lugar en Salamanca, donde Qualytel -muy saneada desde que fue adquirida por la multinacional Arvato- también quiso despedir al personal del proyecto de Orange y «donde la intervención de la Junta de Castilla y León propició que se negociara un ERE y que de los 450 despidos previstos se pasara a 120». Sobre este asunto, el presidente del comité, Miguel Abreu, se cuestionó ayer «¿por qué aquí tiene que ser distinto? No podemos ser el eslabón más débil y estar más desprotegidos que en otras zonas».
Por su parte, el Ayuntamiento volvió a terciar ayer en este conflicto y exigió a Qualytel que encuentre una solución, al tiempo que le recordó que su implantación en la ciudad fue posible gracias a las «facilidades y subvenciones públicas». El Consistorio pidió a la teleoperadora que «intensifique» su apuesta por el «diálogo y consenso» con los trabajadores, de manera que sea posible encontrar «una solución satisfactoria» al problema. El Ayuntamiento cree que Qualytel debe hacer un nuevo esfuerzo desde su responsabilidad social corporativa y alcanzar un acuerdo con los trabajadores que permita minimizar los efectos de los despidos. Así, apostó por un ERE como fórmula «más solidaria» con los trabajadores, de tal forma que se atiendan peticiones «justas» de la plantilla como una bolsa de empleo preferencial de contratación de los despedidos.