Un negocio en manos de pocos

El auto de la Audiencia ha estado precedido por las primeras condenas con penas de cárcel y no con multas económicas dictadas en juzgados de lo Penal por falsificar certificados de antigüedad de inmuebles. Esas decisiones hacían vislumbrar un definitivo cambio de criterio. Sin embargo, esas primeras sentencias que fueron dictadas a finales de 2007, fueron fruto de conformidades a las que llegaban las defensas y la acusación pública y no el resultado de la deliberación de un tribunal. Además, al haber acuerdo entre las partes, el asunto no era recurrido y no llegaba a la Audiencia.

Esos asuntos sí sirvieron para descubrir que esas falsificaciones no eran fiel reflejo de una práctica extendida en el colectivo de arquitectos y peritos, sino que tras ellos estaba un pequeño grupo de profesionales que se había especializado en ese tipo de documentos y que gracias a ellos, estaban obteniendo unos suculentos ingresos económicos.

Los primeros indicios

En la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz del ejercicio 2006, se mencionaba por primera vez esta práctica. Núñez desvelaba que estaba tramitando denuncias «contra arquitectos técnicos o peritos por la emisión de informes o certificados falsos en los que dan cuenta mensualmente -y previa entrega del precio pactado- de la supuesta antigüedad superior a cuatro años de edificaciones erigidas al margen de la legalidad urbanística». Así lo describía en su día el fiscal especializado. Pero no fue hasta que la Guardia Civil acometió su primera operación Obra Nueva, en 2007, cuando este fenómeno comenzó a ser conocido por la opinión pública.

Especialistas

En ese operativo cayó detenido un arquitecto de la capital, Joaquín P. S., del que se supo a posteriori que arrastraba varias denuncias por el mismo motivo. En octubre del año pasado, este periódico publicó que a esa fecha ya había acumulado medio centenar de denuncias, y que sólo en un año había llegado a firmar unos 600 certificados, que podían tener un precio, según las pesquisas de la Guardia Civil, de hasta 3.000 euros.

El dato sobre su prolija actividad fue corroborado por el decano del Colegio de Arquitectos, Ramón Pico, ya que la institución que preside es la encargada de visar cada certificado que se elabora.

Casos como el de Joaquín P. S., que tiene pendiente dos juicios inmediatos en la Audiencia Provincial, «hay cinco ó seis», según fuentes de la investigación. Un pequeño grupo de profesionales que había hecho de estas falsificaciones, su vía principal de ingresos.