El Supremo avala Educación para la Ciudadanía y no reconoce el derecho a la objeción de conciencia

El Pleno de la Sala Tercera de lo Contenciso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, según fuentes del Alto Tribunal. Así lo han decidido los 29 magistrados de la sala tras debatir durante casi 20 horas y en tres jornadas sobre cuatro de los recursos presentados a otras tantas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía. Hubo 22 votos a favor y 7 en contra.

El Tribunal considera que el contenido de la asignatura no lesiona los derechos de los padres, según las fuentes. Así, el fallo señala que en los casos analizados "no existe" el derecho de objeción de conciencia y los dos decretos estudiados, ambos referidos a la Educación Secundaria, "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

El pleno ha examinado cuatro recursos de casación, tres referentes a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y una del de Andalucía. Las tres primeras denegaban el derecho de objeción a otras tantas familias y la cuarta fallaba en favor de unos padres a los que permitió objetar y cuyo hijo quedaba exento de ser evaluado.

Diversidad de opiniones

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, considera que el Tribunal Supremo ha puesto fin "a los intentos de hacer de esta asignatura y de los centros educativos un campo de batalla política". Cabrera ha asegurado que el fallo deja claro "que ningún gobierno puede incumplir las leyes" y que "no eran ciertas las descalificaciones y manipulaciones" que se han hecho sobre la asignatura. Además pide a los padres que hagan un acto de responsabilidad y permitan que sus hijos regresen a las aulas. En este sentido se compromete a hacer lo posible para que los alumnos recuperen los conocimientos. Se buscarán soluciones para evitar "perjuicios mayores".

El presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonell, ha afirmado que recurrirá la sentencia ante el Constitucional. "La lucha continúa y está en juego un derecho muy importante para las familias", ha señalado el responsable de CONCAPA. En el caso de que el Constitucional rechace su petición, Carbonell, también se ha mostrado dispuesto a elevar su postura ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo.

Desde los órganos judiciales, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, pide "respeto absoluto" por la decisión, y no iniciar "ningún tipo de polémica" sin antes "conocer los fundamentos en que se basa la decisión". "Hay que esperar a conocer los fundamentos que se vierten en esa resolución, para que quienes consideren legítimo y pertinente criticarla puedan hacerlo, pero desde una mínima y elemental racionalidad". Además, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río, insiste en que, "a pesar de las divergencias existentes a nivel territorial, el Tribunal Supremo ha unificado doctrina". Además, Del Río señalóa que es normal que los objetores "quieran agotar todas las vías, pero era necesario unificar doctrina al respecto".