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Mejor protección

El adelanto del frío invernal, las sucesivas y copiosas nevadas en diversos puntos de la geografía española, los fuertes vientos generados en torno al fenómeno denominado ciclogénesis explosiva y los desbordamientos del cauce de distintos ríos han puesto a prueba la capacidad de las instituciones para afrontar crisis naturales. En un momento u otro han podido quedar en entredicho todos los recursos de que dispone una sociedad avanzada frente a las fuerzas de la naturaleza: la previsión meteorológica, las infraestructuras y el ordenamiento territorial y urbanístico, los medios humanos y materiales de protección civil, la coordinación entre administraciones, la capacidad de decisión y ejecución de las autoridades, la comunicación con la ciudadanía, la rapidez para subsanar los efectos de una catástrofe, y el aseguramiento o la asignación presupuestaria para compensar los daños. Ninguna de las incidencias ha recibido, por parte de las instancias competentes, una respuesta sin tacha. Incluso algunas de ellas han sido motivo de crítica y polémica. Como fue el caso de la trampa nevada en que se convirtió la autopista entre Asturias y León, la paralización de Madrid y del aeropuerto de Barajas por la misma causa, el fallecimiento de cuatro niños sepultados a causa del viento en el polideportivo de Sant Boi de Llobregat, la tardanza en subsanar los problemas de abastecimiento de energía eléctrica que han afectado desde el viernes a miles de hogares en Galicia, País Vasco y Cataluña, o la falta de previsión ante la torrencial lluvia que cayó ayer sobre Vizcaya.

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Las situaciones han sido tantas y tan diversas que obligan a las instituciones, a los organismos responsables de hacer frente a las mismas y a las empresas concernidas a valorar cabalmente su respectiva actuación, identificando las fallas, definiendo protocolos más adecuados y perfilando mecanismos de coordinación que optimicen los recursos disponibles. Algo a lo que en nada favorecen intervenciones como la que ayer brindó la ministra Álvarez en su comparecencia en el Congreso. Pero junto a ello puede resultar oportuno perfeccionar la legislación vigente tanto en lo que respecta a la distribución competencial en materia de protección y seguridad como en lo que se refiere a aspectos relativos a la responsabilidad civil, a las obligaciones que contraen las compañías suministradoras de servicios básicos y al aseguramiento de los bienes que puedan ser afectados por un desastre natural.