Arreglo obligado

La primera reunión celebrada por el ministro Fernández Bermejo con los portavoces de las asociaciones judiciales no ha redundado en la suspensión ni de los actos de movilización previstos para el próximo 18 de febrero -fecha en la que parte de la carrera quiere ir a la huelga-, ni de la convocatoria de paro para el 26 de junio incluida por los colectivos profesionales en su tabla reivindicativa y asumida por un amplio sector de la Magistratura. El hecho de que el resultado de la cita tienda a medirse por la decisión de los jueces de proseguir con el calendario de sus controvertidas protestas refleja hasta qué punto la amenaza de paralizar la actividad en juzgados y tribunales, una iniciativa inédita en democracia, ha condicionado de partida las negociaciones, desplazando del centro de atención los problemas esenciales a los que deberían dar respuesta las mismas. En este contexto, la posición de las asociaciones está atrapada en la paradoja que supone intentar frenar la huelga propuesta para dentro de tres semanas advirtiendo al Gobierno de que la promoverán en junio si no hay acuerdo, lo que supone tanto como admitir que no es su pretensión adoptar una medida tan extrema pero descargando en sus interlocutores la culpabilidad de que pueda acabar produciéndose. Si las agrupaciones y los jueces que avalan su plataforma no quieren ir a la huelga, deberían buscar una vía para, sin renunciar a sus legítimas reivindicaciones, encauzar un instrumento de presión del todo inadecuado.