La división se afianza en Bolivia

Los primeros resultados oficiales del referendo constitucional de Bolivia anticipan la necesidad de un acuerdo nacional que resuelva la polarización. Las urnas aprobaron la propuesta socialista e indigenista de Evo Morales pero ratificaron la fractura entre las dos Bolivias. Con el 38,75% de los sufragios escrutados, el sí obtenía un 53,08% mientras que el no se acercaba con un 46,92%. La alta participación, 90,74%, indica que en una cosa los bolivianos están de acuerdo: resolver sus diferencias por vías democráticas. De los diez millones de habitantes, 3,8 millones tienen derecho a voto. Además, un 75% de los electores decidió fijar en 5.000 hectáreas la máxima propiedad de tierra que puede tener un particular sin que se considere terrateniente.

Tanto el Gobierno como la oposición esperaban conocer ayer más datos oficiales antes de aventurarse a hacer nuevas declaraciones. Pero la víspera, ya entrada la noche del domingo, ambos bandos se declararon vencedores. El sí ganaba en La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro, pero el no revalidaba el triunfo en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. En Chuquisaca se daba un empate técnico.

El presidente Evo Morales, tomando como base los recuentos rápidos que daban un apoyo en torno al 60% a su propuesta de Carta Magna de corte socialista, que centraliza el poder del Estado y refuerza la posición de los indígenas, afirmó que empezaba «la nueva Bolivia, la igualdad y la dignificación de los bolivianos». También tendió una invitación a los gobernadores opositores «para trabajar juntos para la implementación de la nueva Constitución».

La ley valida el recuento general nacional, pero los gobernadores de la llamada Media Luna -Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca- sostienen que ganaron porque sus respectivas regiones apoyaron el 'no'. Así que la disputa está servida. Tanto el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas -considerado el líder de la oposición- y el de Tarija, Mario Cossio, pidieron del mandatario un acuerdo «para preservar la unidad». Advertían de que Morales «no va a poder aplicar la Constitución, por lo que reclamamos un pacto nacional que permita pensar en un nuevo proceso constituyente».

El meollo del asunto radica en que la aplicación de la Carta Magna requiere al menos cien leyes nuevas que sólo saldrán con el respaldo opositor. Salvo que se gobierne por decreto, opción poco recomendable porque añadiría más leña al fuego. Morales, al respecto, afirmó que sólo pactará la aplicación de la nueva ley fundamental sin tocar su contenido.

Ligero retroceso

El Parlamento actual, bicameral, pasará a tener una sola cámara, que se denominará Asamblea Plurinacional. El nuevo organigrama beneficiará al oficialismo que actualmente tiene mayoría en el Congreso pero no en el Senado, dominado por la oposición.

Un análisis preliminar de los datos da una visión de conjunto nada halagüeña. La oposición mantiene sus feudos; Morales ha perdido casi un 8% de apoyo respecto al 67% que obtuvo en la consulta revocatorio de agosto pasado; las zonas rurales y pobres están con el líder indígena pero ciudades y regiones ricas votan con la derecha. Es decir, se ahonda la brecha entre izquierda y derecha y ricos y pobres.

Lo positivo es que los prefectos parecen haberse convencido de que la violencia no lleva a ninguna parte. Probaron, sin demasiado éxito, con encontronazos a palos y piedras, cortes de caminos y tomas de instalaciones estatales durante los tres años de mandato de Evo. Eso sí, le forzaron a modificar más de un centenar de artículos del nuevo marco legal, entre ellos el de la reelección indefinida por sólo dos mandatos consecutivos. Además, lograron la eliminación del efecto retroactivo en la determinación de la extensión de los latifundios. Salvo que los resultados den porcentajes más abultados, el panorama boliviano continuará enmarañado.