El Pleno da luz verde para que Jerez pida su declaración como municipio de gran población

A estas alturas, la crispación de la relación entre el partido gobernante de Jerez (PSOE) y el principal grupo de la oposición (PP) es tan evidente que ni siquiera la sintonía en el voto garantiza que la celebración de un pleno municipal se desarrolle sin encontronazos y tensiones. Así ocurrió ayer durante la sesión extraordinaria convocada para aprobar la solicitud al Parlamento andaluz de la declaración de Jerez como Municipio de Gran Población, que obligó a los concejales a madrugar un poco más de lo habitual, y en la que todos los partidos votaron a favor salvo el PSA, que abogó por la abstención.

PSOE, PP e IU dieron su visto bueno para que se inicie el proceso, aunque eso no evitó que el delegado de Presidencia, Casto Sánchez, y la portavoz popular, María José García-Pelayo, se enzarzaran en un duelo dialéctico en el que mezclaron el repaso a la historia de la ciudad y el optimismo ante el futuro del equipo de Gobierno con el baño de realidad ante los problemas que se ceban en la actualidad con Jerez que quisieron sacar a la palestra los populares.

Y es que Casto Sánchez comenzó la mañana con ecos de su faceta de docente y se remontó hasta el siglo XIII para justificar la importancia de Jerez que «le ha hecho consolidarse como el municipio de más envergadura física, poblacional y económica de la provincia». Sus más de 209.000 habitantes y «su buen desarrollo económico» son razones de peso para el PSOE a la hora de solicitar que la nueva ley andaluza que entró en vigor el pasado sábado se aplique en la ciudad. Por si fuera poco, en la memoria justificativa de la petición se recogen un sinfín de cifras y datos que dan muestras de que Jerez cumple todas las circunstancias especiales que contempla la norma.

Sin embargo, la única realidad que le valía ayer a la portavoz del PP es la de que «Jerez es la gran ciudad del paro, en la que algo falle pese a la lluvia de millones», una situación de la que culpó a las políticas equivocadas del Ejecutivo local, como las del Plan de Movilidad «con el que han demostrado su falta de seriedad y de credibilidad». «No maquillen, no inventen, y aterricen en la realidad», enfatizó.

Durante su intervención, pese a dar el apoyo a la propuesta, García-Pelayo mostró su preocupación por «la estrategia del PSOE para que la aplicación de la ley redunde en beneficio de la ciudad», y por eso solicitó una reunión urgente de la alcaldesa con todos los partidos para analizar el proceso. Del mismo modo, confió en que «esta declaración no sirva para que el Gobierno acapare poder y se vacíe de contenido el Pleno del Ayuntamiento».

Como réplica, el delegado de Presidencia incidió en que Jerez «es una ciudad con extraordinarias potencialidades», y no sólo recordó que ya ha habido reuniones con todos los partidos para desarrollar la ley y que «las competencias del Pleno no se van a ver afectadas», sino que acusó a la líder popular de «oportunismo» por aprovechar la sesión de ayer para «hablar de temas que no vienen al caso».

Al final, acusaciones cruzadas de torpedear la vida política, muchas cargas de fondo al contrario y una incomprensible crispación de la que todos fueron responsables. Sin ir más lejos, una de las pocas intervenciones de la alcaldesa, Pilar Sánchez, -al margen de las que utiliza para establecer los turnos de palabra y dar cuenta de las votaciones- fue para calificar el discurso de García-Pelayo de «repetitivo, aburrido y falto de verdad». Claro que ésta no se quedó atrás y con sus constantes interrupciones sólo consiguió calentar más el ambiente y que se le acusara de «mal educada y poco respetuosa».

Con este panorama, el consenso de «ida y vuelta» que tanto PSOE como PP enarbolaron ayer no andó ni un sólo paso en ninguna de las dos direcciones durante una sesión extraordinaria -a continuación se celebró la ordinaria- que no llegó ni a una hora y en la que PSA e IU cedieron todo el protagonismo.

Desde las filas andalucista, la encargada de justificar la abstención a la solicitud fue Rosario Rodríguez, que dejó claro que «estamos de acuerdo con la declaración de gran municipio», pero que matizó que «solicitamos como paso previo antes de este trámite que se realice un estudio de los costes que tendrá su implantación, ya que estamos convencidos de que van a aumentar».

Frente a este requerimiento, Sánchez se extrañó de que «en todas las tramitaciones previas el PSA no haya pedido ese informe económico» que sí reclamaron ayer y que «la ley andaluza no exige», y aseguró que «la aplicación de la norma no implica más dinero si no aumentan los servicios».

Por su parte, el concejal de IU, Joaquín del Valle, apoyó la petición pero mostró su escepticismo al afirmar que «creemos que la puesta en marcha de la ley no va a venir a resolver los grandes problemas de Jerez».

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