Los socialistas fueron los primeros en proponer y aprobar el derribo del edificio... en el año 1991
La memoria, en forma de actas, sirve para añadir disparates, ironías y contradicciones a la polémica por el pactado derribo de la Aduana. El indulto que ha recibido ahora -«por presión popular», según el informe solicitado por la Junta de Andalucía- no supone la primera ocasión en la que esquiva la demolición. Ya estuvo pactada una vez, y fue igualmente burlada, hace 18 años. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue la primera formación política en proponer y aprobar (con el añadido posterior de los votos de PP y CDS) «la demolición o traslado del edificio», según los documentos oficiales.
Actualizado: GuardarLa iniciativa se expuso inicialmente en un Pleno del Ayuntamiento de Cádiz en octubre de 1990. Fue votada favorable y definitivamente en mayo de 1991.
La desaparición del inmueble, incluida en una gran remodelación urbanística que afectaba a los terrenos de Renfe, Astilleros Españoles y el entorno del puerto de Cádiz, superó las fases administrativas pertinentes (trámite de avance, aprobación provisional y aprobación inicial). Sólo un grupo se opuso a este plan urbanístico que incluía el derribo de la Aduana. Los dos únicos votos en contra fueron los de los concejales de Izquierda Unida, Jerónimo Andreu y Fernando Santiago, que consideraron -según las actas- que «las plusvalías» que generaría la operación serían excesivamente provechosas para Renfe y, a cambio, apenas aportaría beneficios para la ciudad de Cádiz.
Aquel plan, aprobado hace casi 18 años, nunca fue ejecutado. Tampoco se formó ningún grupo ciudadano para oponerse al derrribo, que fue anunciado en los medios de comunicación como una decisión municipal y adoptada.
Carlos Díaz era el alcalde socialista. Federico Pérez Peralta era ya concejal del mismo partido. Pablo Román, edil de CDS en aquellos años, recuerda que «la operación se entendía como beneficiosa en todos los partidos, sólo IU po-nía trabas por las consecuencias económicas que tenía para Renfe. El PSOE lo propuso, el PP se adhirió y Cultura o la Junta nunca dijeron nada al respecto».
Este episodio de la historia local reciente «contrasta mucho con la situación actual», según el ex edil Pablo Román. El que fuera concejal entiende que «la actuación de la Delegación de Cultura en 2008 ha sido ilegal, puesto que se ha producido fuera de los plazos establecidos, a destiempo. En el periodo de alegaciones no dijo ni pío y ahora, tras aprobarse un plan urbanístico, toma la decisión, a posteriori, por una supuesta presión popular, para conservar el edificio». Román añade que «los edificios se protegen por otros criterios, no para atender la petición de grupos que escasa representatividad o usando el informe de dos amiguetes».
Para el que fuera miembro de la Corporación cuando nació el primer plan que incluía el derribo, la polémica por el paralizado derrumbe de la Aduana supone un precedente muy peligroso «porque los delegados de la Junta o de otras administraciones podrían modificar todas las políticas, protegiendo lo que les pareciera y provocando una situación de obstrucción urbanística que paralizaría cualquier proyecto a su criterio. Todo lo sucedido no tiene ningún sentido».
