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Empleo prepara un informe sobre el estado de Barcons que llevará hoy ante la Fiscalía

El propietario de la empresa niega que se encuentre en situación de quiebra total y asegura que busca soluciones

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El estado económico de la empresa Barcons llegará hoy a conocimiento de la Fiscalía. La Delegación provincial de Empleo tenía previsto enviar ayer mismo el informe sobre la situación de la firma, pero algunos aspectos del documento demoraron la entrega que se hará efectiva hoy. La Junta se personará en el proceso como acusación por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), suscrito hace apenas dos meses por la dirección de la compañía, los trabajadores y la Administración autonómica.

Así lo confirmó el presidente del comité de empresa, Javier Maestre, que permaneció ayer hasta las 14:00 horas en la Delegación provincial del Empleo para pedir información del documento. Este expediente de regulación afecta a 150 trabajadores, por los que la empresa no cotizaba a la Seguridad Social desde enero de 2008. Ya la semana pasada el ente público procedió al embargo de las instalaciones de la factoría portuense como medida cautelar para el pago de esta deuda, que asciende a un millón de euros, según explicó Maestre.

El embargo fue acordado en octubre, aunque no se ha ejecutado hasta ahora. Cuando la empresa suscribió las condiciones del ERE temporal se incluyó la cesión de las instalaciones a la plantilla si a 31 de enero de 2009 no se había satisfecho la deuda con ellos. El máximo accionista de Barcons, José Luis Cacho, negó, en declaraciones a este medio, que su empresa estuviera en situación de quiebra total y aseguró que «busca soluciones para pagar a los trabajadores». No obstante, los empleados de la factoría temen que el ERTE se agote y se encuentren en una situación de desamparo, puesto que se podrían ver dados de alta, pero sin empresa en la que trabajar.

Ante esta incertidumbre ya se plantean nuevas movilizaciones, la primera de ellas sería una manifestación prevista para el 2 de febrero, que tendrá que retrasarse unos días porque aún no se ha realizado la petición formal en la Subdelegación del Gobierno.