La alcaldesa pide que cesen los delegados de la Junta y Cultura
Teófila Martínez ha elevado el tono de la crítica en la polémica sobre el derribo e indulto de la Aduana Nueva. La mecha para que la alcaldesa de Cádz pida ceses en cadena está en declaraciones como las del delegado del Gobierno de la Junta, José Antonio Gómez Periñán, que manifestó que la inclusión del edificio en el Inventario de Bienes del Patrimonio Histórico Andaluz «no impide la ejecución inmediata del proyecto de la plaza de Sevilla» que es «responsabilidad del Ayuntamiento. La obra podría empezar esta misma tarde si la alcaldesa quisiera».
Actualizado: GuardarLa regidora afirma que esas palabras suponen un ejercicio de cinismo político ya que «la ejecución del proyecto le corresponde a ADIF, que pertenece al Ministerio de Fomento y por tanto es responsabilidad del PSOE».
Martínez recordó que el Ayuntamiento «firmó un convenio para facilitar la ejecución desde el punto de vista urbanístico y se comprometió administrativamente a modificar el Plan General». Martínez recordó que en 2007 se llegó a un acuerdo entre ADIF (Gobierno), la Consejería de Obras Públicas (Junta) y Ayuntamiento. Ese acuerdo incluía el derribo de la Aduana.
En julio de 2008, «después de pasar por el Consejo Consultivo», la Junta aprueba definitivamente el Plan General, por lo que manifestó que «la pregunta es qué estaban haciendo Gómez Periñán y la Delegación de Cultura con un informe en un cajón desde febrero de 2008 diciendo, todo lo contrario de lo que dicen ahora, que ese informe no era vinculante y no dándolo a conocer». Por ello, a juicio de Teófila Martínez, «hay una decisión política para perjudicar a la ciudad y para encubrir una incapacidad para hacer proyectos importantes. Gómez Periñán y Yolanda Peinado han dejado mal al presidente Chaves, que se comprometió cuando estuvo en el Ayuntamiento a desbloquear todos los proyectos pendientes».
Por ello, para la alcaldesa de Cádiz, «Chaves tendría que cesar a Gómez Periñán y a Yolanda Peinado porque han dejado en ridículo al Consejo Consultivo de Andalucía y a la Consejería de Obras Públicas».
