El juez deniega la suspensión de la sanción a la secretaria de Tirado
La funcionaria tardó dos años en ejecutar la sentencia firme que debería haber supuesto el encarcelamiento del presunto asesino de Mari Luz
Actualizado: GuardarEl juzgado central de lo contencioso-administrativo número 3 de la Audiencia Nacional ha denegado suspender cautelarmente la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de Sevilla del que es titular Rafael Tirado. Según informaron fuentes jurídicas, así lo acordó ayer el titular del juzgado de la Audiencia Nacional, Adolfo de Triana.
Gálvez reclamó que se dejara en suspenso dicha sanción hasta que la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional emitiera una sentencia sobre su recurso contra la sanción que le impuso el Ministerio de Justicia, para evitar «perjuicios añadidos».
Justicia impuso el pasado 3 de octubre la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria judicial por su actuación en un caso relacionado con el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.
Expediente paralelo
La sanción le fue impuesta por una falta grave de negligencia y retraso injustificado, de dos años, en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un «cúmulo de omisiones» que llevó a no ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija a Santiago del Valle, luego detenido por la muerte de la pequeña Mari Luz.
La niña onubense, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida, en avanzado estado de descomposición, flotando en la ría del Odiel, el pasado 6 de marzo después de 54 días de búsqueda.
Gálvez pidió a la Audiencia Nacional, tribunal ante el que recurrió la sanción, que, en tanto solventaba el fondo del asunto, acordase la suspensión cautelar del castigo para evitar perjuicios adicionales en caso de que termine por anular el expediente ministerial. El juzgado, sin embargo, ha rechazado atender esta medida cautelar.
Por otro lado, el expediente a la secretaria es paralelo al abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez titular del Juzgado Penal 1, Rafael Tirado, que fue sancionado con una multa de 1.500 euros por retrasos en ordenar la ejecución de dicha sentencia, lo que fue confirmado por el nuevo Consejo el pasado 23 de diciembre de 2008.
