El Ministerio y los jueces discrepan sobre la agenda

La reunión que hoy mantendrá el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y las asociaciones judiciales marcará un punto de inflexión en la carrera judicial. Del resultado de este encuentro dependerá que el próximo 18 de febrero tenga lugar o no la primera huelga de jueces de la democracia. De ahí las expectativas que ha generado esta entrevista. De momento, el Ministerio asegura estar en condiciones de asumir las demandas que plantea la judicatura y tiene previsto poner sobre la mesa un calendario para su ejecución. Sin embargo, existen otros asuntos que requerirán negociar a fondo (mejoras retributivas) y uno que se presupone bloqueado: quién debe ser el encargado de gestionar la agenda de señalamientos de los juicios.

Aunque este asunto parezca menor, en juego está la negociación con las asociaciones judiciales y desactivar a los jueces huelguista. Tanto unos como otros llevan en lo más alto de su tabla de reivindicaciones la exigencia de conservar la facultad de señalar las vistas en la nueva oficina judicial. Una competencia que, por decisión del Gobierno, recaerá ahora en los secretarios judiciales y que según los jueces restringe su «real y efectiva» independencia.

Estos consideran que al no decidir sobre la agenda de señalamientos pierden la facultad de marcar el ritmo de trabajo en sus juzgados y tribunales, lo que generaría un «casos importante». En cambio, con la reforma judicial planteada por el Gobierno -se encuentra en la actualidad en fase parlamentaria- se delimitará la actuación de jueces, secretarios y funcionarios dentro de la remozada oficina judicial. La idea es descargar a los jueces de otro cometido que no sea juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

«Se entiende que del mismo modo que el que decide operar es el cirujano, quien organiza el quirófano es el hospital. Pues ahora ocurrirá lo mismo con los jueces y secretarios», explica, de esta forma gráfica, el secretario de Estado de Justicia. Julio Pérez deja entrever que no hay marcha atrás en este punto de la negociación y que esta propuesta ya la planteó el actual Gobierno en 2005 y que entonces no fue objeto de contestación como ahora. Una postura de fuerza similar a la expresa el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

En cualquier caso, desde el Ministerio de Justicia consideran que, pese a quitarles la competencia, la agenda de señalamientos se desarrollará atendiendo a las directrices de los jueces, por lo que no entienden que este asunto sea el único motivo para acabar yendo a la huelga.