Denuncias a aclarar

as informaciones sobre una supuesta trama de seguimiento de responsables públicos, presuntamente vinculada a la Administración autonómica madrileña, ha llevado al fiscal jefe del Tribunal Superior de la citada comunidad a abrir diligencias para dilucidar si existen indicios de delito. La vigilancia de personas con el fin de obtener información sobre ellas sin que medie una orden judicial expresa constituye una actividad delictiva en tanto que vulnera derechos fundamentales de quienes son objeto de seguimiento; y ello al margen de la utilización igualmente ilícita que pudiera hacerse de los datos obtenidos por ese procedimiento. Por supuesto, ningún integrante de ningún servicio adscrito a un gobierno autonómico puede sentirse facultado legalmente para desarrollar semejante tarea. A la Fiscalía corresponde determinar si el supuesto espionaje que ha sido denunciado ya por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, es constitutivo de algún tipo delictivo, al igual que ocurre con el escrito presentado por el propio Ejecutivo regional ante el juzgado de guardia. Las sospechas de que lo ocurrido pudiera estar relacionado con las tensiones internas en el Partido Popular de Madrid en ningún caso deberían enturbiar el esclarecimiento material de los hechos denunciados informativamente. Es más, si pudieran derivarse responsabilidades de orden político, por acción u omisión, es a las instituciones -al Ejecutivo y al Legislativo- a las que correspondería depurarlas, y no a los mecanismos internos con que cuente un determinado partido para esclarecer la conducta de sus militantes. Sencillamente porque de ser ciertos los hechos denunciados no deberían tratarse como un problema interno del PP, sino ante todo como una falla inadmisible en el funcionamiento de las instituciones democráticas.