Los moderados presionan al líder popular para que 'corte' cabezas

Los moderados del PP y los fieles al primer edil madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, la mayoría que el año pasado mantuvo y apuntaló en la presidencia del partido a Rajoy, presionan ahora al líder de los populares, Mariano Rajoy, para que no espere más tiempo para mover ficha en el escándalo del espionaje en Madrid y comience ya a cortar cabezas entre los presuntos implicados o responsables políticos.

Las cabezas en peligro son las de los consejeros regionales Ignacio González y Francisco Granados, que el jueves unieron su suerte en una rueda de prensa conjunta en la que lo negaron todo, tacharon de «gran mentira» la existencia de un equipo de espías vinculado con la Comunidad de Madrid y denunciaron que todo era una trama inventada por El País para desprestigiar al gobierno de Esperanza Aguirre.

La lideresa, por su parte, cerró filas desde el primer momento con los suyos, retó a Alberto Ruiz-Gallardón, a Manuel Cobo y a Alfredo Prada a rectificar en sus acusaciones y a presentar pruebas de la presunta implicación de miembros de su Gobierno en la red de espionaje político, e hizo buena la frase de que no hay mejor defensa que un buen ataque.

El ayudante más fiel de Esperanza Aguirre, el consejero madrileño de Sanidad, Juan José Güemes, fue ayer la voz del Gobierno regional y exigió al diario que destapó la presunta trama que pida perdón «a sus lectores, a su audiencia y a la Comunidad de Madrid» por «crear noticias falsas» y adelantó que la Comunidad de Madrid tiene previsto querellarse contra este periódico.

Mientras las distintas familias populares madrileñas se movían durante toda la semana en un ambiente de sálvese quien pueda, en la sede central del partido la dirección nacional se echaba las manos a la cabeza y temían que este nuevo desastre acarrease las peores consecuencias electorales.

En un primer momento, Mariano Rajoy intentó minimizar los daños exculpando a la presidenta madrileña. «Yo le creo», dijo. Al tiempo, desde la dirección nacional, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, tiró por elevación e implicó en el escándalo al Ministerio del Interior, por las posibles aportaciones de funcionarios policiales en algunos detalles revelados en los informes.

Sin embargo, el jueves, ante el cariz que iban tomando las cosas, el presidente del PP acabó por ponerse al frente de la manifestación de los afectados y ordenó la apertura de una investigación interna a fondo, con la promesa de depurar responsabilidades y «fulminar» a cualquier militante implicado en la trama, «sea quien sea».

Si los tribunales, donde ya se han abierto diligencias previas penales y han comenzado a desfilar los primeros testigos, no encuentran delitos, Rajoy tendrá que dar un paso adelante en solitario y entregar alguna cabeza política para salvarse de la quema. Nadie duda de su honorabilidad, pero muchos cuestionan su capacidad para salir sano y salvo de esta nueva prueba de fuego. Granados y González están en el punto de mira.