Recursos especiales en un camino de trabas

Cursan estudios, tienen un trabajo y establecen relaciones personales. El principal objetivo de los dispositivos de atención a la discapacidad intelectual es conseguir el mayor grado de autonomía, lo que durante años ha recaído en las familias, constituidas en colectivos. El movimiento asociacional comenzó a desarrollar hace más de 20 años una potente red de asistencia en la provincia. Cádiz es una de las mejores armadas de Andalucía con residencias, unidades de días, centros ocupacionales y colegios de educación especial en todas las zonas. Pero no se puede resguardar a todos bajo el paraguas de los colectivos cuando muchos casos siguen siendo invisibles.

Los padres de hijos con discapacidad explican que la puerta de entrada a la asistencia son los servicios sociales comunitarios, entre ellos los ayuntamientos, desbordados por la avalancha de peticiones que reciben de ciudadanos con problemas económicos, en riesgo de exclusión social o que simplemente tramitan las prestaciones de la Ley de Dependencia.

El caso de Sara y David, los jóvenes con discapacidad a los que la Junta ha retirado la patria potestad de su recién nacida, ha abierto el debate sobre la situación de los discapacitados intelectuales, para los que apenas existen centros públicos más allá de concierto de plazas.

En este caso, la Administración ha tomado esta decisión de servir como tutor legal de la menor para proteger sus derechos y garantizar su seguridad ante la situación de desamparo en la que vivían sus padres. Se trata de un problema «puntual», asegura María Luisa Escribano, presidenta de Feproami, la federación de asociaciones de familiares de personas con discapacidad intelectual. «Si este caso se hubiera detectado a tiempo y se les hubiera ofrecido la atención que necesitan, la Junta no habría tomado estas medidas», considera. Escribano asegura que las asociaciones no tenían constancia de la situación de los jóvenes discapacitados. «En cuanto tuvimos conocimiento se les habilitó el recurso que necesitaban». Ambos viven en un piso tutelado de Afanas Bahía-El Puerto, una de las organizaciones con mayor número de dispositivos.

La provincia cuenta con una treintena de colectivos que atienden al mismo tiempo a familiares y discapacitados. «El apoyo del entorno que les rodea es fundamental para que la persona confíe en sí misma y vaya adquiriendo habilidades», asegura la presidenta de Feproami. También destaca la importancia de la atención temprana. Los padres están cada vez más concienciados y piden ayuda antes. Alertados en colegios o incluso en hospitales al poco de nacer, los progenitores buscan salidas cuanto antes.

Afanas San Fernando es una de las asociaciones que cuenta con un servicio de atención temprana. Su director, Francisco Ramírez, insiste en que muchas familias llegan angustiadas ante lo que supone vivir con una discapacidad. Los principales miedos son el rechazo social y la educación que deben dar a sus hijos. «El trabajo se hace a la par para que el menor adquiera el mayor número de habilidades posibles en lo que se involucra a las personas que tiene más cercanas».

Dependiendo del tipo de discapacidad, los afectados podrán alcanzar un mayor grado de autonomía personal. Cuando no se trata de casos graves hay una amplia carta de servicios para refuerzo en los estudios, en la formación profesional y en el lugar de trabajo. En el caso de retrasos severos, resulta más complicado que el usuario adquiera habilidades.

La presidenta de Autismo Cádiz, Isabel Pérez -Aguirre, se sorprende aún de la motivación de muchos discapacitados psíquicos. «Veo más ilusión en ellos que en alumnos sin problemas a los que les he dado clase», ha llegado a reconocer. Esta asociación trata a autistas de todos los grados. «Los que tienen una mayor afectación no llegan a desarrollar un lenguaje y no hay muchas posibilidades para la inserción social». Isabel es madre de un joven con autismo y conoce de primera mano las dudas y miedos que se le plantean a los familiares.

La atención a la discapacidad está focalizada en el movimiento asociativo. Las administraciones subvencionan cursos, conciertan plazas y apoyan iniciativas, pero no hacen propuestas. Tiran de los colectivos para la inserción social y laboral una vez que los afectados salen del sistema educativo, siempre que se encuentren en aulas de integración. Cuando no se posible la convivencia con alumnos sin discapacidad el trabajo de las asociaciones empieza mucho antes.

Ante esta situación, los padres piden más recursos, que por ley se deben de garantizar a las personas con discapacidad. De la misma forma, exigen un mayor trabajo de concienciación social para terminar con el rechazo social.