Justicia admite un reparto desigual de funcionarios en los juzgados de Cádiz

En los mentideros judiciales de Cádiz, la situación del juzgado de Violencia de Género de la capital está siendo tema de debate desde que fue inaugurado a finales del año pasado. Su escasa carga de trabajo, que era previsible a tenor del número de asuntos que se habían registrado en años anteriores, supone un agravio comparativo para otros órganos que presentan importantes demoras en su trabajo y que, además, no dispone del mismo número de funcionarios que la nueva sede judicial.

En su edición de ayer, este periódico difundía la actividad del juzgado de Violencia de Género de la capital: en sus tres primeras semanas de funcionamiento había tramitado diez casos. Frente a esta estadística se encuentran las abultadas cifras que manejan los cinco penales o el único juzgado de lo Mercantil, con medias mensuales de 70 y 105 casos, respectivamente.

La Consejería de Justicia no ha obviado estos datos y en el día de ayer reconocía que hay un reparto desigual de funcionarios y que queda demostrado con los balances anuales de actividad. Sin embargo, estas fuentes del departamento que dirige Evangelina Naranjo sí que hicieron una matización, acerca de quién decide que el nuevo juzgado de Cádiz tenga una plantilla de diez empleados. «Se ha dispuesto el número de funcionarios que decidió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para un órgano en exclusividad en esta materia». Es decir, que cuenta con los mismos recursos humanos que las sedes de Barcelona, Sevilla o Málaga, donde la conflictividad es más alta.

Pero lo que ocurre en Cádiz no es un problema singular de la capital. También existen otros agravios comparativos en el resto de provincias. Por eso, la Consejería confirmó que ha encargado a una empresa un estudio para reorganizar los recursos humanos.

Durante un año van a analizar qué necesidades o excesos hay en personal en los diferentes juzgados de Málaga. «Se ha elegido esa provincia porque es un buen modelo al tener todas las peculiaridades en cuanto a órganos. Los resultados que se obtengan se extrapolarán al resto de zonas». El informe final que salga de ese estudio será elevado al CGPJ para que lo valore y obre en consecuencia, explicaron desde la Consejería.

Entre los funcionarios se sabía que el nuevo juzgado de violencia de género iba a ser un destino «tranquilo». Así lo reconoce Pedro Moral, responsable de Justicia de UGT, ya que su sindicato trató de que la plantilla se cubriera en su totalidad por un concurso interno, «debido a la enorme demanda»; sin embargo, Justicia sólo dejó un 50%. A esto se suma que reciben un complemento específico.

Cara y cruz

La cruz, sin embargo, la representan los cinco juzgados de lo Penal, donde más del 80% de sus empleados son interinos. «Es la jurisdicción maldita. Nadie quiere ir a trabajar allí por el exceso de trabajo y porque temen que pueda ocurrirles algo similar como el caso Mariluz», comenta Moral, quien añade que existían otras prioridades más urgentes «como abrir un juzgado más de lo Penal o reforzar la plantilla del Mercantil, antes que el de violencia de género».

En Comisiones Obreras se hace un diagnóstico similar, aunque incidiendo que esa situación desigual en la dotación de personal de los órganos era algo que ya vaticinaban: «Llevamos meses denunciando esa situación y por eso no firmamos el pacto retributivo 2008-2009 que sí selló la Consejería con el resto de sindicatos -CSIF, USO y UGT-. Nosotros entendimos que además de hablar de salarios, se debía realizar una negociación más global en la que se analicen la relación de puesto de trabajo, entre otros asuntos. Lo que ocurre en el juzgado de violencia de género es un ejemplo de lo que advertíamos». Estas palabras son del responsable del sector en CCOO de Cádiz, Javier Fernández, quien sí defendía la apertura del nuevo órgano: «Es necesario pero con competencias en toda la Bahía»; una comarcalización que está por llegar.

stubio@lavozdigital.es