El limbo tropical

Durante siglos, la teología cristiana ha discutido si el limbo constituye una mansión independiente o una dependencia, relativamente benigna, aunque transitoria, del infierno. Posiblemente, la prisión de Guantánamo se ha favorecido también de la misma ambigüedad en el plano judicial para permanecer cuatro años contra el viento y la marea de protestas de las ONG como Amnistía Internacional. En ese período, los reclusos de los campos Delta, Iguana y Rayos X han sufrido el despojo de sus derechos mediante argumentos que los han situado en una extraña condición, un lugar al que no llegaba la plena protección legal de la Constitución estadounidense.

A golpe de sentencia, las raquíticas bases de esta estrategia de la negación se han ido desmoronando y la denuncia ha acosado al Gobierno de George W. Bush. Sin embargo, su política antiterrorista ha permitido mantener la ficción hasta el fin de sus días en la Casa Blanca. A su juicio, los 775 individuos que ha pasado por las celdas eran sumamente peligrosos. Se trataba de extranjeros a los que se suponía ligados, de alguna manera, con Al-Qaeda y el régimen talibán. Muchos fueron capturados en el último periodo del ataque al régimen de los mulás, o secuestrados en algún lugar del mundo por la CIA y enviados hasta el enclave tropical, a través de su red de bases militares y, quizás, la connivencia de gobiernos amigos.

Curiosamente, al principio de todo este entramado se encuentra España, la metrópoli despojada de su último territorio de ultramar. Tras derrotar en 1898 a la maltrecha potencia colonial, EE UU estableció unas condiciones leoninas a la nueva república entre las que se hallaba la concesión de estaciones navales como la situada en la costa meridional. El hecho de que la bahía de Guantánamo se halla teóricamente bajo la soberanía cubana, aunque Washington la controla en exclusividad desde hace más de un siglo, fue el primer subterfugio para negar los derechos constitucionales a los detenidos. Esta premisa fue derribada en 2004 por el Supremo al resolver en los casos Rasul contra Bush y Habib contra Bush que los detenidos habían de gozar del privilegio del proceso, lo que impidió la prosecución de cualquier tentativa de mantener a los reos, denominados combatientes enemigos ilegales, en una situación de reclusión indefinida.

Freno al poder ejecutivo

El hecho de que las cortes federales se declararan competentes para examinar la legalidad de la detención coartó el poder omnímodo del poder ejecutivo y alentó la incorporación de los detenidos a la administración de la justicia y el acceso a las posibles pruebas en su contra. Paralelamente, el desalojo ya se había iniciado al compás de las repatriaciones demandadas por los estados de origen.

Pero, además de la discrecionalidad en torno a la suerte de los retenidos, los informes de Cruz Roja, elaborados tras visitas a la base, han revelado la brutalidad del trato infringido por las autoridades militares. La exposición a ruidos persistentes, música atronadora o temperaturas extremas por periodos prolongados, el aislamiento, a menudo agudizado por la incomunicación cultural y la alimentación forzosa se han sumado a prácticas más sibilinas, extraídas aparentemente por especialistas médicos, que pretendían utilizar los miedos y fobias individuales para cercenar la voluntad y obtener la confesión. Cuando el almirante Harry Harris, comandante de la plaza, tachó el suicidio de tres reos como «acto de guerra asimétrica» posiblemente no era consciente de la despiadada franqueza de sus declaraciones.

En 2006 un informe propiciado por la ONU instaba al cierre de Guantánamo y denunciaba la falta de garantías de los procesos y la conculcación de la libre defensa.