El nuevo juzgado de violencia de género tramita diez asuntos en tres semanas
La escasa carga de trabajo que genera la capital fue el principal inconveniente para su apertura y a casi un mes de su inauguración se confirma esa estadística
Actualizado:Los jueces mantienen un pulso con el Gobierno para desatascar el sistema judicial, que presenta un grave problema de saturación en líneas generales. Pero detrás de tantas protestas hay excepciones; juzgados donde los expedientes no se amontonan en las mesas y los funcionarios apenas tienen trabajo. Es el caso del juzgado de violencia de género de Cádiz, que lleva en funcionamiento 22 días -tres semanas- y ha ingresado en este tiempo diez asuntos: nueve casos por delito y uno por faltas, que desembocó en la primera vista oral que se celebra en esta sede judicial ubicada en los bajos del Carranza.
Precisamente una de las demandas de la judicatura es que haya una profunda reforma de la planta judicial para que exista un reparto equitativo del trabajo, y el nuevo juzgado de violencia de género es un ejemplo de ello. Mientras hay órganos, como los penales de Cádiz, a los que llegaron el año pasado en el primer trimestre una media de 200 asuntos a cada uno -unos 70 mensuales-, este nuevo juzgado está muy por debajo de esa carga de trabajo. Si mantiene su actual ritmo, cerraría su primer mes por debajo de los 15 expedientes.
La Junta era conocedora que este juzgado de la capital, si no ampliaba sus competencias a otros municipios de la Bahía -la llamada comarcalización-, iba a ser un derroche de recursos frente a otras jurisdicciones como los contenciosos, por ejemplo, que están señalando juicios a dos años vista dado el enorme volumen de trabajo que tienen que asumir al recibir casos de la Bahía.
Por eso se buscó como solución la denominada comarcalización. Así lo confirmó tanto la anterior consejera de Justicia, María José López, como su sucesora en el puesto, Evangelina Naranjo, quien el día de la inauguración en los bajos del Carranza aseguró que están pendientes de la aprobación en el Congreso para que el nuevo juzgado comience a gestionar asuntos de San Fernando, Chiclana, Puerto Real y El Puerto; que son los municipios que en principio asumiría el órgano de la capital.
Decisión supeditada
La anterior responsable de la cartera de Justicia supeditó a esta reforma legal la apertura del juzgado en Cádiz y justificó que antes se abrieran sedes con dedicación exclusiva en Algeciras y Jerez porque la capital, por sí sola, no llegaba a los mínimos de conflictividad en esta materia. Sin embargo, al final ha abierto sus puertas sin los retoques legales a la ley de plantas judiciales.
Fue en enero de 2007, cuando la ex consejera María José López desvelaba que Cádiz sería la tercera ciudad de la provincia que dispondría de una sede de esas características, pero también confirmó que necesitaba ampliar sus competencias territoriales para justificar una inversión de ese calibre. Y es que el Consejo General del Poder Judicial había fijado una carga mínima de 700 casos anuales para dar su visto bueno a la creación de un juzgado de violencia de género en un partido judicial.
Mínimos exigidos
La reacción de la oposición no se hizo esperar. PP e IU reclamaron que la capital de la provincia tuviera un órgano propio y la entonces delegada de Justicia, Gema Araujo, sacaba a la luz los 141 expedientes que había generado Cádiz a lo largo de 2006 y que estaban muy lejos de alcanzar los mínimos exigidos. Esa cifra de 2006 apenas ha variado en los años siguientes y es que la ciudad de Cádiz, con una población decreciendo, tiene un índice de conflictividad bajo. Pero finalmente se aprobó un nuevo órgano que fue inaugurado en diciembre por todo lo alto, con la presencia de la ministra Bibiana Aido.
La comparación con la actividad que generan los otros dos juzgados especializados de la provincia evidencian un reparto desigual del trabajo. El de Jerez ingresó el año pasado 881 asuntos y en sus tres primeros meses de funcionamiento ya estaba tramitando 213 -unos 70 mensuales-. Pese a todo, al cierre del año pasado, la actividad del órgano jerezano estaba por debajo de las previsiones de la delegación provincial que hizo una estimación de 1.200 casos anuales.
El de Algeciras, que arrancó un año antes -en enero de 2007-, tuvo un actividad anual de unos 700 expedientes; haciendo un simple cálculo matemático sale una media mensual cercana a los 60 asuntos.
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