Recurso equivocado

Las juntas de jueces celebradas ayer en todo el país para pronunciarse sobre la posibilidad de ir a la huelga el próximo 18 de febrero o bien aguardar al resultado de la negociación entre el Gobierno y las cuatro asociaciones profesionales, las cuales han planteado una tabla de reivindicaciones acompañada de la amenaza de que pararán el 26 de junio si no hay acuerdo, evidenciaron una división en el colectivo entre quienes se inclinan por la primera opción, quienes lo hacen por la segunda y quienes, incluso, han aplazado cualquier decisión a la reunión que se celebrará el lunes en el Ministerio de Justicia. Es la fotografía de esas divergencias las que constata las fisuras internas que provoca una iniciativa inédita en democracia y cuyo encaje legal es más que dudoso, dado que la condición de servidores públicos de los jueces no puede desligarse de su intransferible responsabilidad como poder del Estado, por lo que la omisión jurídica sobre si pueden ejercer o no el derecho a la huelga se ha interpretado por convención en sentido negativo. Pero el dispar resultado de las votaciones realizadas ayer, tanto entre los juzgados y tribunales de cada territorio como dentro de ellos, no debería llevar a obviar el hecho de que la gran mayoría de los jueces que ha tomado parte de las asambleas se ha manifestado a favor de una medida tan excepcional como la del paro, aunque haya sido posponiendo su eventual convocatoria a verano.

La renuencia a abandonar ese instrumento de presión sigue condicionando, por lo tanto, el establecimiento de un diálogo normalizado al que apuntaban tanto los últimos mensajes del Ministerio y del Consejo del Poder Judicial como la receptividad mostrada por las asociaciones judiciales. La favorable acogida que ha tenido en la carrera la tabla reivindicativa presentada estas últimas aleja el riesgo de deslegitimación que pendía sobre las agrupaciones ante un movimiento de togas surgido al margen de sus estructuras. Pero la conversión de la huelga en un factor de movilización que ha arraigado no sólo subraya la inconveniencia de que las asociaciones hayan tratado de refrenar la convocatoria del 18 de febrero asumiéndola para cuatro meses más tarde. También desvirtúa el valor de las razonables e inaplazables reformas que requiere una Administración de Justicia bajo el riesgo constante del colapso y la ineficacia.

En la provincia de Cádiz, los jueces se sumarán a la huelga prevista el 26 de junio, aunque son favorables a dar una última oportunidad al Gobierno para que mueva ficha hasta la entrada del próximo verano, pero sin dormirse en los laureles. Para el 18 de febrero, la judicatura realizará un paro de una hora y concentraciones en Jerez, Algeciras y Cádiz; los sitios elegidos para estos actos de protesta serán aquellos que evidencien la precaria situación de muchas infraestructuras judiciales de la provincia. En el caso de Cádiz, se concentrarán en el juzgado de guardia.