Un margen de maniobra al Gobierno para evitar conflictos

Buena parte de la carrera judicial decidió ayer darle al Gobierno un respiro y un amplio margen de maniobra de más de cinco meses para que el Ministerio de Justicia pueda poner sobre la mesa compromisos y fechas con los que resolver los principales problemas de funcionamiento de los tribunales. La mayoría de los jueces apoyan así las negociaciones que, con este mismo fin, mantienen en los últimos días las asociaciones judiciales y el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo, y que vivirán una jornada decisiva el próximo lunes. Si de esa reunión no salen soluciones concretas que satisfagan sus demandas, los jueces apoyarán la convocatoria de un paro laboral, pero el 26 de junio. La de ayer fue una larga jornada de juntas de jueces en la práctica totalidad de los partidos judiciales españoles. Al final, la línea blanda se impuso por cierta mayoría, y el acuerdo-tipo adoptado en el conjunto de las asambleas fue el mismo: respaldar las reivindicaciones de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) -formada por las cuatro principales asociaciones profesionales- de cara a junio, y un no a la jornada de huelga del 18 de febrero que habían propuesto algunas juntas a primera hora.

Al término de la jornada de votación, habían aprobado adelantar el paro los jueces de órganos unipersonales de Madrid y las provincias catalanas de Barcelona, Tarragona y Girona; las andaluzas Sevilla, Granada y Huelva; las gallegas Lugo y A Coruña; las valencianas Castellón y Alicante; las castellano leonesas Soria, Zamora; así como Canarias, Murcia, Extremadura, Ibiza y Ciudad Real. El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha y la Audiencia Provincial de Albacete también respaldaron el adelanto.

Por el contrario, habían aprobado la propuesta más contemporizadora las juntas celebradas en Ourense y Pontevedra; las provincias vascas y aragonesas, Navarra, Asturias y La Rioja; las provincias manchegas de Toledo, Albacete y Guadalajara; las castellano leonesas Palencia, Segovia, Salamanca, León, Burgos y Valladolid; las andaluzas Cádiz , Málaga y Jaén; y Guadalajara, Mallorca, Valencia y Lérida. Además, las audiencias provinciales de Madrid, Sevilla y Girona también respaldaron las concentraciones del 18 de febrero y huelga el 26.