Los jueces de Cádiz descartan ir a la huelga en febrero y prefieren esperar a junio

Los primeros análisis ante lo que podría ser un acontecimiento histórico como una huelga de togas y puñetas en la judicatura española dibujan ya dos sectores: la línea blanda, más dispuesta a dar un ultimátum al Gobierno y dejar un tiempo para la negociación; y la dura, que ayer votaba a favor de detener la actividad el 18 de febrero. En Cádiz, ganó la opción flexible: descafeinar el acto más inmediato del próximo mes, descartando la huelga, y llevarla a cabo el día 26 de junio en el caso de que el Ejecutivo no atienda a sus demandas. Aunque en la votación celebrada ayer en una sala de vistas de la Audiencia Provincial se oyeron voces a favor de no dejar más margen de maniobra y hacer historia en menos de un mes.

102 son los órganos unipersonales que hay en la provincia y ésa es la misma cifra de jueces que estaban convocados ayer a la junta que debía debatir qué postura iba a adoptar la judicatura gaditana. Asistieron medio centenar, algunos de los cuales llevaban consigo el voto delegado de compañeros. En total, estaban representados 70 jueces, aunque la decisión de ir o no a la huelga el día 26 sólo estuvo en manos de los asistentes.

El primer resultado de la reunión fue de respaldo mayoritario a ese órdago lanzado al Gobierno y que muchos confían que se quede como tal si Justicia mueve ficha. De los cincuenta jueces que participaron en la junta, sólo dos votaron en contra de la huelga y uno se abstuvo.

Las filtraciones

Aunque los jueces se encerraron en una sala sin que entraran los medios, el debate fue subiendo de volumen por momentos, de tal forma que los periodistas pudieron seguir desde fuera qué estaba ocurriendo en el interior. Así se supo que uno de los momentos que suscitó más discusión fue definir en qué consistiría el acto reivindicativo del 18 de febrero que habían propuesto desde las cuatro asociaciones profesionales de la judicatura. A esa hora ya se sabía que había otras juntas que se habían posicionado ya a plantear el conflicto a la vuelta de la esquina, caso de Madrid. Casi la mitad de los que acababan de respaldar la huelga del día 26 de junio votaron a favor de que la misma protesta se realizara también el próximo mes. Fueron 20 frente a 27 que apostaron por el margen de maniobra; opción que finalmente se alzó.

Descartado el acto más duro, se barajaron otras opciones. Desde fuera se podían escuchar algunas preguntas al aire como «¿quién se va a bajar a la puerta del juzgado?», en relación al éxito que puede tener un gesto de protesta entre un colectivo profesional nada acostumbrado a marejadas laborales. Finalmente se decidió realizar el día 18 un paro de una hora -de 11.30 a 12.30 horas-, tres concentraciones de diez minutos en Jerez, Algeciras y Cádiz y una posterior rueda de prensa en los partidos judiciales principales de la provincia para hacer balance. «Los sitios elegidos para concentrarnos son juzgados emblemáticos por su pésimo estado», decía al término de la junta el decano de los jueces de Jerez, Juan José Parra. Los puntos de encuentro serán el juzgado de guardia en San José (Cádiz), el edificio de Francisco García Figueras (Jerez) y el Palacio de Justicia de Marzales (Algeciras).

En esa jornada reivindicativa, la decana de la capital, Nuria Orellana, anunció la intención de abrir las puertas de los juzgados para que los medios puedan comprobar in situ cuáles son esas carencias que, en el caso de Cádiz, pasó a enumerar algunas de ellas: «Los bajos del Carranza no nos convencen; en muchos juzgados faltan archivos y las salas de vistas no están acondicionadas. Necesitamos recursos para mejorar un servicio que se presta la ciudadanía. La situación es insostenible, sin contar con el exceso de carga de trabajo. Es hora de invertir en Justicia».

Sin embargo, esa jornada de puertas abiertas tuvo un primer intento antes de fin de año que fue abortado por la Delegación Provincial de Justicia, que se opuso a abrir los juzgados a las cámaras. «Tenemos competencias para decidir sobre las sedes judiciales y esperamos que en esta ocasión la Administración no ponga inconvenientes, porque lo único que vamos a hacer es mostrar realidades», decía Orellana.

La junta suscribió por unanimidad el documento de las cuatro asociaciones profesionales en las que se indican las peticiones que tendrá el ministro Fernández Bermejo encima de la mesa, «y en ningún sitio pone que se suba el salario o se trabaje el mínimo», comentaba el juez decano de Jerez, enfadado porque haya girado el conflicto hacia esas interpretaciones.

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