Los jueces de Cádiz optan por un paro de protesta el 18 de febrero y posponen la huelga a junio

La Junta de Jueces y Magistrados de Órganos Unipersonales de Cádiz ha acordado hoy por mayoría realizar un paro de una hora, concentraciones y una jornada de puertas abiertas el próximo 18 de febrero, además de una huelga el 26 de junio, como protesta ante la situación de "precariedad" de la Justicia.

La juez decana de Cádiz , Nuria Orellana, ha explicado a los periodistas que 47 de los 50 asistentes a la junta han apoyado las medidas, respaldando así el llamamiento de las cuatro asociaciones profesionales de jueces a realizar actos de protesta en todas las sedes judiciales de España el próximo 18 de febrero.

Así, ese día realizarán un paro de una hora y concentraciones a las doce del mediodía ante las sedes judiciales más representativas de la provincia gaditana, donde darán lectura a un manifiesto reivindicativo.

Además, será una jornada de puertas abiertas, con el objetivo de que la ciudadanía "conozca de primera mano cuál es la situación de la Justicia" y para demostrar a la opinión pública el sentimiento generalizado de la carrera judicial.

La juez decana de Cádiz ha querido dejar claro que la convocatoria de paro y las medidas de protesta que llevarán a cabo tienen "la única intención de modernizar y mejorar la Justicia".

Entre las reivindicaciones de los jueces figuran el dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los ciudadanos, para lo cual "exigen el respeto al principio de división de poderes y a la independencia del Poder Judicial como fundamento del Estado Democrático de Derecho".

Igualmente, piden que las reformas procesales para implantar la Oficina Judicial mantengan la competencia de los jueces para fijar los señalamientos, competencia para la que el proyecto del Ejecutivo faculta a los secretarios judiciales, y medidas para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar.

Además de Cádiz, hoy las juntas de jueces de Madrid ha aprobado por amplia mayoría ir a la huelga en la Administración convocada inicialmente para el 18 de febrero. Ambas se suman así, a los paros convocados en Murcia, Extremadura, Castellón, Lugo y Zamora, desoyendo a las asociaciones de magistrados, que proponían aplazarlo hasta junio.