La Audiencia estudia el cuarto intento por anular la investigación del caso 'Karlos'

La Sección Primera de la Audiencia Provincial está estudiando ya el último intento procesal planteado por las defensas de diez imputados en la operación Karlos que volvieron a atacar la instrucción judicial en una vista celebrada ayer en el edificio de la Cuesta de Las Calesas. El objetivo de los letrados es obtener una nulidad sin que sus clientes vayan a juicio, pero tal y como recordó ayer la abogada que representa al INSS (Seguridad Social), la Audiencia ya se ha pronunciado en tres ocasiones anteriores desestimando los recursos de las defensas. Ése, salvo sorpresas, parece ser el camino que va a tener esta última batalla.

El recurso que se vio ayer en sala es contra el auto de procesamiento dictado en el mes de abril por el juez instructor y que concluyó con la imputación de 34 personas, si bien dos implicados obtuvieron un sobreseimiento parcial de las actuaciones -una por fallecimiento y otra por la vía del recurso-.

Los recurrentes

La voz cantante en este último recurso la han llevado los abogados del empresario José Luis López, conocido como El Turronero, y del inspector médico, Francisco Casto Pérez Lara. Ambos desplegaron de nuevo unas armas que si no tienen efecto en el tribunal que preside el magistrado Lorenzo del Río, volverán a sacar en la vista oral. En esencia son: anular as intervenciones telefónicas por no estar bien motivados los autos judiciales que autorizaron pinchar los teléfonos de los principales acusados; que dichos autos escaparon del control del Ministerio Público por no haber sido notificados al fiscal y la falta de pruebas para mantener una acusación contra sus dos clientes.

A estos planteamientos se adhirieron los letrados de ocho imputados más; si bien, algunos aportaron algún elemento más para obtener un sobreseimiento que libere a sus clientes como la falta de competencia de Vigilancia Aduanera para investigar este asunto o que el propio fiscal había solicitado no presentar acusación contra varios de los implicados. Y es que el Ministerio Público plantea el archivo de la causa para ocho procesados, mientras que las acusaciones no quieren sacar a nadie del procedimiento judicial. Si mantienen su postura, como ayer ratificaron, provocará que nadie pueda eludir la vista oral.

En cuanto a la intervención de Vigilancia Aduanera, sus pesquisas se limitan a la génesis del caso. Sus indagaciones sobre Carretero y su posible implicación en un delito fiscal llevó a interceptar una conversación en la que supuestamente hablaba de otro negocio ilícito paralelo que podía llevar entre manos: un fraude a la Seguridad Social. Hasta que el juez no separó las dos operaciones -Karlos y Halcón- no recayó la primera en manos de la Guardia Civil.

Entre las ausencias más destacadas estaba la del abogado del supuesto cerebro de la trama que se dedicaba a la falsificación de certificados médicos para la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad, Carlos Carretero. Su defensa no ha recurrido el auto de procesamiento y reserva las fuerzas para el momento del juicio.

También era esperada la intervención del nuevo abogado de María José Campanario, el conocido Francisco Baena Bocanegra, pero fue muy escueto. Se limitó a suscribir el recurso que en su día redactó el anterior letrado de la esposa de Jesulín de Ubrique, y simplemente añadió que en su opinión los argumentos para anular pruebas vitales en el caso como las conversaciones grabadas debían resolverse en el juicio. Ésa fue precisamente la respuesta que dio la Audiencia cuando rechazó en 2006 el primero de los intentos por desvirtuar la investigación.

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