El Gobierno se compromete a una «transformación radical» de la justicia Las diez mejoras del Ejecutivo y el Poder Judicial

«Una transformación radical de las estructuras». El Gobierno se comprometió ayer, ante el Poder Judicial, a orquestar cambios profundos, y «no solo cuantitativos», en la Administración de Justicia para evitar el paro anunciado por las cuatro asociaciones de jueces para el próximo 26 de junio.

A una semana de la trascendental reunión entre los colectivos convocantes de la huelga y el ministro de Justicia, el Ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunciaron que la gran mayoría de las reivindicaciones de los magistrados son «asumibles», aunque, eso sí, sin aumentos salariales generalizados. Justicia y el órgano de gobierno de los jueces se mostraron esperanzados en que las medidas anunciadas ayer hagan recapacitar a los huelguistas.

La tabla reivindicativa presentada el 12 de enero por los jueces fue el primer y casi único punto del día de la reunión de ayer de la comisión mixta Justicia-CGPJ, que presidió el número dos de Mariano Fernández Bermejo, Julio Pérez. El secretario de Estado aseguró que la «mayor parte» de las exigencias de los jueces «ya eran objeto de trabajo» por parte del Gobierno. Pérez, tras una semana de enfrentamiento entre el Ministerio y las asociaciones, mostró la cara más amable de Justicia y subrayó que aunque «no nos gusta la amenaza de huelga» y «preferiríamos un ambiente más relajado», la sombra del paro de los tribunales «no va a ser un obstáculo para el diálogo, el entendimiento y el acuerdo».

El secretario de Estado pasó de puntillas sobre la negativa del Gobierno a aumentar más del ya pactado 5% el sueldo de los jueces como contraprestación a su creciente carga de trabajo e hizo hincapié en las otras reivindicaciones que el Ejecutivo sí está dispuesto a asumir para tratar de rebajar el colapso de los tribunales, entre ellas la creación de los que denominó «jueces volantes». Se tratará de profesionales de la justicia especialmente bien «incentivados» y dedicados en exclusiva a cubrir vacantes pendientes de asignar y reforzar tribunales colapsados. «Jueces sin un juzgado» específico, una figura, explicó Pérez, que no existe en la legislación actual, por lo que sería necesaria un reforma.

Sin traslados

Otra de las ofertas, que también requerirá cambios normativos que el Gobierno está dispuesto a impulsar para frenar la huelga, será el del fin de los traslados forzosos cuando los jueces pasan a ser magistrados a los tres años. Justicia también está dispuesta, aunque ello suponga un desembolso económico, a mejorar las retribuciones a los jueces de guardia, que en la actualidad cobran esas jornadas como si de día normales se tratara.

Siempre referente al tema económico, el secretario de Estado anunció que Justicia también ve asumible la «modificación del sistema retributivo» para hacerlo «más objetivo y equitativo» y que los jueces con mayor carga de trabajo y materias más complicadas puedan cobrar más.

El Consejo General del Poder Judicial se mostró, en líneas generales, de acuerdo con las propuestas del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la portavoz del consejo, Gabriela Bravo, no ocultó el rechazo del órgano de gobierno de los jueces con respecto a la nueva planta judicial. Bravo calificó de «insuficiente» el esfuerzo del Gobierno para aumentar el número de tribunales y magistrados. El Ministerio de Justicia, tal y como recordó Pérez, tiene como objetivo esta legislatura mantener el ritmo de creación de juzgados de la anterior, pero no incrementarlo demasiado. Esto es: ofertar unas 600 plazas y «consolidar» una plantilla estable de cerca de 5.000 jueces.

El CGPJ considera que el aumento constante del número de asuntos (más las jubilaciones) deja obsoleto este concurso público, aunque Gabriela Bravo se felicitó por el anunció del Ministerio de Justicia de crear lo más pronto posible 15 nuevos juzgados de lo Mercantil para afrontar el «anunciado colapso» de estos tribunales a cuenta de la crisis económica.

Esperanzados

Tanto Justicia como el Poder Judicial se mostraron «esperanzados» en que las medidas anunciadas y el buen ambiente en la reunión contribuyan a terminar con la amenaza de huelga. «Esperamos que se suavice la tensión que hoy se vive en la carrera judicial y que los anuncios de compromisos concretos como la creación de órganos judiciales, la modificación del sistema retributivo, del régimen de guardia pueda servir para que lo fundado que hay en esas reivindicaciones, que lo hay, encuentre esperanzas de solución», explicó Pérez, quien insistió en que la «perturbación del servicio es una mala imagen».

El propio ministro, en una entrevista en Antena 3, dijo que espera que los magistrados no hagan efectiva su amenaza «porque el poder judicial de un país no puede emitir esas señales a la ciudadanía». «En cualquier caso -afirmó- los mayores perjudicados serían los propios jueces». Bravo, por su parte, dijo estar segura de que finalmente los jueces se darán cuenta de que «la huelga no es el cauce más adecuado para hacer visibles sus reivindicaciones, sobre todo por el grave perjuicio que ocasionaría a los ciudadanos».