Golpe de timón en Las Aletas

Los propietarios de los terrenos de Las Aletas donde se levantará el futuro parque industrial de la Bahía tienen la sartén por el mango. La justicia, por ahora, les ha dado parte de la razón en cuanto a sus reivindicaciones por el proceso seguido con las expropiaciones forzosas. Falta ahora que los tribunales también se pronuncien sobre la cuantía del justiprecio. El pago que han dado las administraciones públicas a los afectados no convence, ya que se ha tenido en cuenta el valor de un suelo rústico y sin posibilidad de desarrollo, mientras que el proyecto para centro logístico lo convierte de un plumazo en suelo industrial y con expectativas de negocio. La actitud de los dueños de los terrenos afectados por la construcción del parque ha sido desde el primer día un hueso duro de roer para las administraciones.

La Junta ha mantenido desde el primer instante el mismo discurso advirtiendo de que las reclamaciones de los dueños de las fincas expropiadas no interfieren en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, el vicesecretario general de los socialistas andaluces, Luis Pizarro, aclaró ayer en Cádiz que la Junta está dispuesta a negociar y llegar a un acuerdo con los propietarios para desbloquear el asunto de la vía judicial.

Proyecto intacto

Pizarro pidió tranquilidad al arco empresarial de la provincia y destacó al respecto que el proyecto de Las Aletas está intacto y sigue adelante. Aclaró que el Gobierno de la nación adjudicó la pasada semana la obra del tren de La Cabezuela que llegaría hasta Las Aletas a través de la conexión de Sevilla, al tiempo que adelanto que, el próximo marzo, se adjudicará una de las primeras fases de urbanización del espacio. Pizarro insistió en que el desarrollo de Las Aletas no se va a paralizar y será una realidad. Concretó que se trata de un proyecto estratégico para el futuro económico de la provincia y su apertura será un referente en Andalucía y en España. Desde las filas socialistas se alabó la figura de Juana María Lázaro, presidenta del Consorcio de Las Aletas y subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda.

Desde este organismo siempre se han mantenido al margen de las disputas surgidas entre los expropiados y la Administración autonómica. Sin embargo, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, aseguró en junio tras tomar posesión como vicepresidente del Consorcio del futuro parque científico tecnológico que la Junta no tenía la menor intención de sentarse a negociar con los expropiados. Los dueños de las fincas también han presentado demandas contra el justiprecio ofrecido por la Junta. La empresa Dehesa Norte -que contaba con 56 hectáreas privadas y otras 148 de dominio público marítimo terrestre en concesión administrativa- reclama 29 millones de euros. La familia Derqui tenía 204 hectáreas de dominio público marítimo terrestre; un portavoz de esta familia aseguró que un perito judicial tasó el terreno en 51 euros el metro cuadrado, lo que resultaría en 104,04 millones de euros. La familia Roldós, por su parte, disponía de 40,2 hectáreas. La Junta le expropió a 7,5 euros el metro cuadrado, aunque dos sociedades la han tasado en 104,4 euros el metro cuadrado, lo que serían 42 millones de euros.