Bermejo se muestra abierto a alcanzar un acuerdo con los jueces y está dispuesto a suprimir el traslado forzoso

El titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha asegurado que su departamento está dispuesto a suprimir el traslado forzoso de los jueces, una de las reivindicaciones de las asociaciones judiciales, que han convocado para el 18 de febrero un acto de protesta y una huelga para el 26 de junio si no se da respuesta a las mismas.

Bermejo se ha adelantado con estas declaraciones a Antena 3 a la reunión que va a tener lugar hoy y en el que la comisión mixta del Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizarán, entre otros asuntos, el manifiesto consensuado por las asociaciones de jueces y los avances en relación con algunas de las medidas que exigen para modernizar y mejorar la administración de Justicia.

"Se puede y se debe reivindicar", reconoce el ministro, que considera que los jueces se instalen en ese modo de protesta es "deplorable". "Plantear ese órdago al Estado es impropio", ha destacado.

Reivindicaciones

Entre las reivindicaciones de las cuatro asociaciones judiciales se encuentra la adopción de las medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar para lo que piden la inmediata supresión del traslado forzoso que se precisa para ascender de juez a magistrado.

Fernández Bermejo ha señalado que Justicia había anunciado ya que estaba dispuesto a suprimir el traslado forzoso "y ahora de repente se transforma en una gran reivindicación" por lo que se ha mostrado encantado de haberle dado respuesta a esta exigencia de las asociaciones judiciales.

"Si logramos que se nos entienda bien, quizá debemos explicarnos mejor y más reiteradamente, hay una cantidad de puntos de esas reivindicaciones que están en marcha que no deben plantear problema", ha indicado el ministro, quien ha agregado que "otra cosa son las reivindicaciones económicas que en el momento en el que nos encontramos van a poder ser atendidas en una mínima parte".

No obstante, ha considerado que esta "mínima parte" de las reivindicaciones salariales es mucho porque un aumento del 5% en 2009, "en la situación en la que estamos, quien lo pillara".

Situación similar a la de octubre

La reunión entre Justicia y el CGPJ tiene lugar dos días antes de las juntas de jueces convocadas el próximo miércoles en toda España para decidir si finalmente van a la huelga y si apoyan la que ya han anunciado para el 18 de febrero los jueces de Extremadura, Murcia y Zamora.

Las asociaciones -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)- han preferido desmarcarse de momento de esa convocatoria, aunque han elegido la misma fecha, la del 18 de febrero, para llevar a cabo un acto de protesta en todas las sedes judiciales.

Esa coincidencia puede provocar una situación similar a la que se produjo los pasados 21 de octubre y 21 de noviembre, cuando la actividad de los tribunales se vio afectada por las juntas de jueces y el Gobierno llegó a hablar de una "huelga encubierta".

El Ejecutivo y el CGPJ no tienen fácil frenar las protestas de los jueces, que han dado un plazo de cinco meses para que se cumplan sus reivindicaciones. El posible paro sigue ganando adeptos en la carrera judicial, y esta pasada semana han sido los jueces decanos de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca, los que han suscrito un documento para apoyar la tabla de reivindicaciones pactada por las cuatro asociaciones judiciales.

Desencuentros

En un ambiente en el que aumentan día a día los partidarios de la huelga, el Gobierno, en un intento de suavizar el conflicto, ha llamado a las asociaciones de jueces a una reunión el próximo 26 de enero, para la que apela al "espíritu de diálogo" en beneficio de la Justicia y de los ciudadanos.

De momento, el Ministerio de Justicia ya se ha puesto a trabajar, y ha invertido 1.230.500 euros en una nueva aplicación informática para el Registro de Penados y Rebeldes, que estará operativa el próximo 27 de enero y que permitirá que los jueces puedan conocer de forma inmediata los antecedentes y la información sobre los penados.

La mejora de los sistemas informáticos y la plena incorporación de las nuevas tecnologías a los juzgados es una de las medidas que anunció Justicia para evitar que se repitan casos como el de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, y es también una las principales exigencias de los jueces.

Y, sin entrar en el debate doctrinal, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, decía el viernes tras el Consejo de Ministros, que los jueces conocen de sobra sus derechos y obligaciones.

Esta discusión jurídica puede acabar en el Congreso de los Diputados, porque el PSOE ya ha solicitado la comparecencia de los representantes de las asociaciones judiciales, para que expliquen sus exigencias.