Último capítulo de una larga retahíla de quejas por la falta de control

En junio de 2007, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) de la UE denunció que de las 40 recomendaciones hechas a los estados miembros tras los atentados del 11-S en Nueva York y Washington, España sólo cumplía una decena y reveló las graves irregularidades en la supervisión de las actividades de abogados, joyeros, auditores, inmobiliarias y notarios.

En junio de 2008, el eurodiputado David Hammerstein registró oficialmente una «queja comunitaria» por la no transposición de la directiva para combatir la financiación de organizaciones armadas y otras dos normativas similares que datan de 1991 y de 2001. El parlamentario europeo denunció que entre 2001 y 2004 en toda España sólo se registraron 18 comunicaciones de operaciones sospechosas.

El pasado año, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el organismo dependiente del Banco de España que desde 1993 se ocupa de bucear en las entidades bancarias y sus activos para descubrir las grandes operaciones de lavado de dinero, alertó de graves deficiencias en el control de las operaciones sospechosas de encubrir ingresos de fondos para ETA o Al-Qaida.

En sus conclusiones, el SEPBLAC aseguraba los bancos españoles carecen de «procedimientos específicos para detectar la posible relación de los clientes con la financiación del terrorismo».

Las entidades, según el Banco de España, no saben cómo localizar las cuentas sospechosas; claro que, aunque lo hicieran, el Estado tampoco tiene herramientas para seguir la investigación porque «el proceso de consulta de listas» de personas vinculadas a organizaciones terroristas no está «automatizado».