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REGRESO. El magistrado Juan Carlos Campo, en su despacho de la Audiencia Provincial. / VÍCTOR LÓPEZ
juan carlos campo

«La caseta de mampostería, la 132 de la playa de La Victoria, era mi segundo hogar»

Gaditano de 47 años, nacido en Osuna (Sevilla). Ex vocal del CGPJ, su regreso a la Audiencia puede ser temporal. En el horizonte, quizás el Constitucional

SILVIA TUBIO
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Acaba de aterrizar a un despacho a medio montar en la Cuesta de Las Calesas. Las paredes desnudas son una señal inequívoca de que acaba de iniciar una nueva etapa al reincorporarse en su plaza como magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Sin embargo, Juan Carlos Campo es un ejemplo de ese marchar sin irse; de ese gaditano que sus aspiraciones le llevaron a cruzar el Puente Carranza, pero que aprovechaba los resquicios de su agenda para recuperar el tiempo que le robó a una ciudad cargada de recuerdos. Y como nunca terminó de marcharse, quizás su regreso no sea por mucho tiempo. La cuna de La Pepa es posible que en un futuro también ceda a uno de sus vecinos para que vele por la actual norma. Está propuesto para ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional.

-¿De vuelta por tierras gaditanas, ¿cómo se lleva ese cambio del CGPJ a la rutina de un magistrado para eso de los biorritmos?

-Con la mayor normalidad posible, intentando reincorporarme a la actividad de la Audiencia con la comprensión de compañeros y funcionarios. De todos modos le diré que es un camino al que uno empieza a prepararse desde el primer día del mandato del Consejo, pues se sabe la imposibilidad de ser reelegido.

-¿Echa de menos la responsabilidad de pertenecer al órgano de gobierno de los jueces? ¿O le pedía el cuerpo algo más de tranquilidad?

-Ni una cosa ni la otra. Es una etapa cerrada, vivida con enorme intensidad y, quizás, demasiado larga, pues duró dos años más de lo previsto por la falta de acuerdo del arco parlamentario para su renovación.

-¿Qué cosas cotidianas, que a veces ni se aprecian, añoraba del día a día gaditano?

-No pocas, aunque si soy sincero, intentaba recuperarlas los fines de semana; lo que me permitía seguir disfrutando de esas pequeñas cosas que, en suma, colman lo que llamamos calidad de vida y de las que Cádiz ofrece tantas.

-Los recuerdos también ayudan en las distancias, ¿cuáles guarda con especial mimo?

-Todos: los cines de verano con mis hermanos, los juegos en la calle, el seminario, el instituto Columela, los amigos y la playa. La caseta de mampostería de La Victoria, la 132, era un segundo hogar...

-Sus inicios como aspirante a licenciado fueron en Cádiz. ¿Fue su primera opción al elegir universidad?

-Lo de estudiar en Jerez fue una opción, quizás la única, de estudiar Derecho pues tampoco hubiera podido pedirles a mis padres esfuerzos económicos extras. Cinco hermanos, todos universitarios, aún hoy no sé cómo lo hacían. Pero fueron años de facultad increíbles, una universidad nueva, la mejor doctrina, años que marcan.

-Con una huelga de jueces en ciernes, ¿piensa que su salida del Consejo vino en buen momento?

-La verdad es que vino demasiado tarde y la situación era muy insostenible. Fíjese que el Consejo debió renovarse en noviembre de 2006 y tuvimos que esperar hasta septiembre de 2008. Pero eso ya es historia y me interesa más el presente y el futuro. Lo verdaderamente preocupante es que tenemos un sistema legal que ha experimentado un espectacular proceso de ensanchamiento y que alarga su radio de acción a ámbitos cada vez más amplios de la realidad social y donde la vida social ha devenido crecientemente juridificada. A esta nueva situación no le valen los mecanismos clásicos. Ni las creaciones de órganos judiciales de los últimos 10 años, ni los incrementos presupuestarios, han logrado parar la tendencia alcista y el consiguiente deterioro del servicio público de la Justicia. En el periodo 2000-2003 se crearon 391 unidades judiciales, y en el periodo 2004-2007, 524. En 2008 han nacido otras 150. Pero no basta, vivimos una fuerte crisis del modelo institucional de gestión de la Administración de Justicia que reclama, además de aportes cuantitativos y recursos humanos, una nueva manera de conjugarlos. Solamente si nos creemos eso tendrá salida la Justicia.

-¿Cuál ha sido su peor y su mejor momento o recuerdo durante su etapa como vocal?

-No es fácil contestar esa pregunta, ni siquiera sé si sirve de mucho. Pero una cosa sí comentaré, fueron tiempos muy intensos, el día de nuestro toma de posesión ETA mató al compañero José M. Lidón. A partir de ahí, atentados de Madrid, y un largo etcétera; todo ello en un clima político complejo y donde el propio Consejo, nacido con la mayoría absoluta del PP, en no pocas ocasiones se convertía en una tercera Cámara. No creo que sea necesario recordar las polémicas con el Estatuto de Cataluña o sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero hubo cosas gratificantes, y muchas. Pero son otros los que deben enumerarlas.

-¿Qué es más complicado, administrar justicia o gobernar a los jueces?

-Son misiones tremendamente diferentes y por ello, no comparables. Como juez tienes la gratificación puntual de resolver conflictos, lo que repercute en la calidad democrática y en el bienestar social, reforzando nuestros elementos sustanciales del Estado. Desde el Consejo las perspectivas son diferentes, fortaleciendo al juez constitucional buscas que la justicia goce de legitimidad social y de eficiencia. Legitimidad, como grado de confianza, y la eficiencia, como la capacidad del sistema para producir respuestas efectivas.

-¿Ha cambiado su visión del Consejo ahora que está en la 'tropa'?

-No, en absoluto.

-Desde su experiencia, ¿qué respondería a aquellos que le reprochan al nuevo Consejo el guardar excesivo silencio? ¿Es prudencia o fruto de las influencias políticas?

-Sería una impostura por mi parte cualquier manifestación crítica sobre el nuevo Consejo habiendo sido miembro de ese órgano los últimos siete años. Pero algo sí le diré, sus miembros y su presidente al frente me producen enorme respeto. Aunque son tiempos duros, confío que sabrán aunar a los actores del sector y fijar las bases de la potestad judicial, para que la administración de Justicia sea en todos los casos efectiva, pronta e imparcial como ya reclamaba la Constitución de 1812.

-¿Se paga peaje profesional por admitir afinidades con una cierta tendencia o ideología política?

-Espero que no. El CGPJ es un órgano político. Se hace política judicial tal como proclama la Constitución. Por ello debe cuidarse mucho cualquier simplismo. Otra cuestión es la labor cotidiana de los jueces donde el único sometimiento es al imperio de la Ley.

-¿Eran tan irreconciliables las posturas con los compañeros conservadores? ¿Qué les separaba?

-No era un problema de lejanías, sino de actitudes.

-El Consejo está siempre en entredicho porque sus vocales salen al final a propuesta de los partidos, ¿no sería más recomendable que fueran designados por la propia judicatura para borrar suspicacias?

-Sé que no es pacífico pero mi respuesta ha de ser rotundamente negativa. Nunca he entendido el recelo y la desconfianza hacia el Congreso y el Senado. Pero es más, el Consejo, como órgano constitucional, es de composición mixta, no integrado exclusivamente por jueces y magistrados. Tal composición plural responde a una idea muy básica, la Justicia no es de los jueces, sino que es un servicio público en cuya organización y definición de política judicial deben intervenir todos los usuarios de la justicia y en especial los ciudadanos, legitimados por la soberanía popular representada en el Parlamento. Al igual que no sería concebible que la política sanitaria la diseñaran exclusivamente los médicos, tampoco resulta factible que en una democracia avanzada un colectivo en exclusiva, los jueces, sean los que diseñen, en exclusividad, la política judicial. Y sobre los concretos 12 judiciales, ¿por qué debe dejársele esas prerrogativas a las asociaciones judiciales que hoy representan exclusivamente a la mitad de la carrera?

-Dígame un secreto: ¿qué va a hacer usted el próximo 26 de junio?

-No quiero esconderme, no lo he hecho nunca. Si lo que quiere preguntar es si secundaría una huelga o un paro le diré que me he pronunciado, en no pocas ocasiones, y entiendo que el Poder Judicial desde el momento en que la Constitución de 1978 lo configuró como Poder del Estado está alejado de esas posibilidades. Pero es más, y esto es un deseo, espero que no haga falta y se imponga la lógica del diálogo para superar un modelo agotado. Solamente así seremos capaces de dar a los ciudadanos lo que legítimamente reclaman, Justicia de calidad en tiempos razonables.

stubio@lavozdigital.es