Huelga de togas y puñetas
El anuncio por parte de todas las asociaciones de jueces y magistrados de ir a una huelga ha desatado una ola de polémicas, más en los medios de comunicación que en los ciudadanos. El derecho de huelga está claramente reconocido en la Constitución art. 28.2, para los trabajadores, sin que los funcionarios públicos, en principio, puedan entenderse trabajadores. De otro lado, la propia Constitución, al regular en el Título VI el Poder Judicial, nada dice al respecto, y remite a la ley Orgánica del Poder judicial en cuanto al «estatuto de los Jueces y Magistrados de Carrera», Ley Orgánica que en el art. 474.2 sienta que el ejercicio del derecho de huelga se ajustará a los establecido en la legislación general del Estado para los funcionarios públicos, pero concreta que para los forenses, secretarios, los antes llamados oficiales, auxiliares y agentes judiciales, (ahora denominados cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial), sin citar de modo expreso a jueces y magistrados como titulares de este derecho, con lo que parece una exclusión tácita. Se sostiene, en otros foros, que como son un poder del Estado, todos y cada uno de ellos, individualmente considerados, son algo más que los funcionarios públicos, y que los poderes del Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- no pueden declararse en huelga.
Actualizado: GuardarEste sería el debate jurídico que no carece de importancia, desde luego, mas ¿quién lo cerraría, al final definitivamente sino un juez, un tribunal, y desde una situación harto incómoda por no decir esperpéntica? (No sobraría ver la situación en Derecho Comparado, Italia, Francia, Alemania...)
La Justicia está mal, claramente; pero tiene solución porque los diagnósticos están más que hechos, y los remedios o soluciones son conocidos. Es, por tanto, la hora de los buenos políticos, de los buenos gestores; es la hora de sentarse y no levantarse de la mesa hasta llegar a lograr acuerdos concretos, a compromisos presupuestarios, a programas a dos, cuatro, seis ocho y diez años vista. Es cierto que las necesidades son enormes, y no sólo en Justicia, sanidad, enseñanza, vivienda, comunicaciones, pensiones. Y los recursos son finitos. Es justo también reconocer que el esfuerzo de la Administración, en los últimos años, (véase el incremento presupuestario) en dotaciones materiales, informáticas, creación de órganos judiciales, formación... ha sido grande.
Pero la cuestión está en que la Justicia como problema, es estructural, secular y crónico. Y es innegable, por objetivo, que siempre ha sido la Administración más pobre, y es por ello que ahora debe haber una discriminación positiva; le toca a la Justicia, que es como es decir que le toca al Estado de Derecho.
La oportunidad, el porqué ahora sí huelga y hace, tres, cuatro o cinco años era impensable, deberán, en todo caso, serán razones a explicar por las asociaciones, si así lo desean. Hay, sin duda, un detonante y los convocantes de la huelga son siempre, obviamente, los que eligen el cuándo, el dónde, y el hasta cuándo. Es su responsabilidad, pero no están los tiempos, creo, para una huelga de togas, que a la impopularidad natural de toda huelga uniría el ser una huelga de Jueces. Y es bien fácil, ojalá no lo veamos, echarles encima a la opinión pública y desacreditarles perdiendo entonces de vista la razón de muchas de sus reivindicaciones, que todos o casi todos compartimos, y no desde ayer, precisamente.
Conociendo a los jueces y magistrados y su actuar mayoritariamente conservador (no es una crítica, lo da la propia función que desarrollan) no los imagino contentos por ir a la huelga, última ratio de un conflicto laboral/profesional/funcionarial. Y, además, aprovecharán la huelga para sacar papel, hacer borradores, minutar asuntos, poner sentencias...
Si de verdad de la buena queremos otra Justicia, hay que entrar a fondo en el cuerpo del enfermo, sin paños calientes, sin lavativas momentáneas, sin efectos placebo. Revisar desde el procedimiento de ingreso y ascenso de los jueces (y de todos los funcionarios), saber qué oficina judicial se quiere, ir a la revolución informática, las sustituciones e interinidades, los horarios, los módulos de trabajo y muchas más cosas.
Sin prisas pero sin tontas pausas.
«La sangre no debe llegar al río», no es bueno para nadie. Ni para los ciudadanos, ni para el Gobierno, ni para la Administración de Justicia, ni para la imagen que, de unos y otros, debe tener la sociedad española del siglo XXI.
