Los jueces esperan no ser víctimas de una encerrona si acuden al Congreso

Las cuatro asociaciones de jueces, que el lunes dieron al Gobierno un ultimátum de seis meses para resolver el colapso de la administración de Justicia antes de convocar una huelga, confían en que si el Congreso les pide que acudan a la Cámara, como ya han solicitado los socialistas, su comparecencia no se transforme en una encerrona propicia al reproche o a la descalificación, ni en un examen al conjunto de la carrera judicial.

Los portavoces de las cuatro organizaciones, que aglutinan a la mitad de los miembros de la magistratura, se mostraron «encantados» de poder informar de sus reivindicaciones al Congreso si la convocatoria es una oportunidad para establecer «un diálogo útil y constructivo» y para exponer de primera mano a los diputados, «sin intermediarios y sin que nadie la distorsione», su visión sobre las necesidades de mejora y reforma urgente del funcionamiento de los juzgados y tribunales.

Los cuatro coincidieron en que muchas de sus reclamaciones, como la implantación de la nueva oficina judicial o la reestructuración y actualización de la organización territorial de los juzgados, requieren de reformas legislativas o de dotaciones presupuestarias adicionales, por lo que «nada mejor» que exponer su visión del problema y las posibles soluciones a quienes son los encargados de realizarlas.

La desconfianza de fondo, general en las cuatro asociaciones, se deriva del tono con el que el PSOE planteó el miércoles la reclamación de las comparecencias, que se resume en una frase pronunciada por Ramón Jáuregui.

El dirigente socialista, tras criticar la amenaza de huelga y poner en duda las motivaciones últimas de los promotores de la movilización, concluyó que «queremos escucharles, pero también que nos escuchen». Muchos jueces temen que los socialistas, que perciben el movimiento judicial como un pulso al Ejecutivo, aprovechen las comparecencias para «tratar de desactivar la huelga» o para «desacreditar al colectivo». En cualquier caso, los portavoces de Jueces para la Democracia (JpD), de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y del Foro Judicial Independiente (FJI) adelantaron que irán el Congreso si son citados y no pondrán pega alguna para acudir y exponer sus reivindicaciones ante los miembros de la Comisión de Justicia.

Miguel Ángel Gimeno, de JpD, dijo que «nos parece muy bien» que el Congreso quiera escuchar de primera mano nuestras reivindicaciones y, como su colega Lorenzo del Río (AJFV), cree que todos, jueces y políticos, «deberíamos estar en el mismo barco para mejorar los tribunales y remar en la misma dirección».

Transmitir las peticiones

Por su parte, Conrado Gallardo, de FJI, considera que es «un privilegio» poder comparecer en el Congreso porque es «positivo» transmitir sus peticiones de forma directa, sin otros intermediarios, a los diputados.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, no se opone de antemano a acudir al Congreso, pero no decidirá si lo hace o no hasta que analice «de forma serena y reflexiva» el documento oficial que le remita la Cámara Baja y compruebe con qué «sentido» le citan y «con qué alcance y en qué términos lo hacen».

Antonio García, portavoz de la APM, desde el convencimiento de que no tiene obligación legal de comparecer en el Congreso, señaló que para un juez no es lo mismo «una invitación» que «una citación», y necesita que el documento les deje claro que es un acto «útil» para explicar sus propuestas y no existen «instrumentalizaciones» ocultas.

Admitió el portavoz que algunas cosas que han trascendido sobre la iniciativa del PSOE les han «inquietado» y les hacen «ser suspicaces» ante la posibilidad de que la comparecencia acabe en «un examen con tintes recriminatorios».

Amplio apoyo

La iniciativa del PSOE de llamar a las asociaciones judiciales al Congreso cuenta ya con el respaldo oficioso de todos los grupos de la Cámara. Sin necesidad de que los socialistas pidieran su apoyo, la mayoría de las formaciones con representación en la Cámara Baja anunciaron que no se opondrán a que los jueces se sienten frente a la Comisión de Justicia para confrontar posiciones. Ni siquiera el PP, que en otro tiempo se mostró reacio a citaciones de esta índole, rechaza que los parlamentarios interroguen a los magistrados sobre sus reivindicaciones.

El PSOE niega que en su propuesta haya intención culpabilizadora, pese a que toda petición de comparecencia tiene un cierto carácter de exigencia de responsabilidades. Todos los grupos están dispuestos a participar del juego político que dará la intervención de las asociaciones judiciales, pero tanto el PP como los minoritarios han advertido de que no por ello dejarán de pedir cuentas al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Según señaló ayer el diputado de IU Gaspar Llamazares, es él quien debería explicar «antes que nadie» su gestión y sus planteamientos ante el conflicto con el mundo judicial.

La comparecencia de los jueces es una baza que puede volverse como un boomerang contra el Gobierno, según fuentes del Grupo Popular. En eso confía el primer partido de la oposición, que recuerda un antecedente: cuando los socialistas catalanes llamaron al Parlament al entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, para pedirle explicaciones sobre los apagones de Barcelona. Un envite con el que el hoy dirigente del PP propinó duros golpes a la administración pública.