Griñán anuncia que el Gobierno accede a pagar un mínimo de 1.145 millones de 'deuda histórica'

El debate general sobre los beneficios que el nuevo sistema de financiación autonómica puede acarrear a Andalucía aportó pocas novedades. Los parlamentarios discutieron ayer sobre este asunto, en sesión extraordinaria celebrada en la Cámara andaluza, sin conocer la cifra exacta de dinero que recibirá nuestra comunidad del Estado, una vez que entre en vigor este modelo.

La principal novedad la aportó José Antonio Griñán, vicepresidente segundo de la Junta, que anunció que el Gobierno central ha accedido a las dos principales pretensiones del Ejecutivo que preside Manuel Chaves en relación a la denominada deuda histórica. Esto supone que el Estado abonará Andalucía por este concepto una cantidad no inferior a 1.148 millones ni superior a los 1.742 (horquilla que se aprobó en el Parlamento en septiembre del año pasado). Además, el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero se ha comprometido a cumplir con los plazos marcados por el Estatuto de Andalucía (en su Disposición Adicional Segunda) para liquidar esta deuda histórica, es decir, que pagará antes del 20 de marzo de 2010.

El Gobierno andaluz, por lo que se oyó ayer en el Parlamento y por las declaraciones de altos cargos del PSOE en las últimas semanas, ya no vincula su apoyo al nuevo modelo de financiación al acuerdo sobre la deuda histórica, una cuestión que considera resuelta.

En cuanto al debate de ayer, celebrado en sesión extraordinaria, Griñán advirtió que, para que prospere cualquier sistema de transferencias del Estado a las regiones, se deberá contar con el beneplácito de Andalucía. Un favor con el que el Gobierno central cuenta de entrada, aunque el la Junta no dará su «sí» definitivo hasta que conozca con exactitud las cantidades que le corresponderá a Andalucía. «Lo que es bueno para España, será sin duda bueno para Andalucía», acotó el vicepresidente.

Griñán defiende que el documento presentado en diciembre por el vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, recoge buena parte de las peticiones andaluzas. El consejero insistió en que era fundamental obtener un criterio de reparto equitativo y que no perjudique a Andalucía y recordó que el Gobierno andaluz puso, desde 2006, como condición sine qua non para la aceptación del modelo que, de igual forma que se había aceptado en 2001, que se ponderara la población de 65 años en adelante para la sanidad y los servicios sociales, había que incorporar un bloque específico de educación en el que el criterio de reparto fuese la población en edad escolar.

Chaves, en el escaño

Javier Arenas subió a la tribuna para defender las tesis del PP en este debate. Lo primero que hizo fue reprochar que o fuera Manuel Chaves (que siguió todo el debate desde su escaño) quien defendiera la postura de la Junta.

Arenas, además, acusó al presidente de la Junta «traicionar a Andalucía», por dar su apoyo al modelo «desde el minuto uno» sin conocer las cifras. Y todo, siempre según Arenas, para salvar el acuerdo entre Rodríguez Zapatero y los nacionalistas catalanes en relación con el nuevo modelo de financiación.

El líder de los populares andaluces insistió en que el nuevo sistema debe preservar la solidaridad y la cohesión territorial, si bien, según apuntó, hay «partidos que quieren que los españoles sean cada vez más desiguales y que se distancie la España rica de la pobre». Arenas tildó de «muy peligroso» que se especule con los fondos que garantizan la igualdad entre regiones.