Gobierno y Poder Judicial se movilizan para evitar la huelga de los jueces

Mariano Fernández Bermejo se sentará con las asociaciones de jueces que amagan con ir a la huelga el próximo 26 de junio. Menos de 48 horas después de que los colectivos judiciales presentaran sus quejas, el Gobierno comenzó a movilizarse para tratar de evitar el paro y también las protestas previstas para el 18 de febrero. El Ministerio de Justicia convocó una «reunión urgente» para el 26 de enero a fin de discutir el texto «reivindicativo de la carrera judicial», en el que los magistrados reclaman mejoras salariales y menores cargas de trabajo.

Tras las duras palabras del titular de Justicia, que el martes aseguró que una huelga sería una «traición» a los ciudadanos, el ministerio remitió ayer un escrito a los cuatro colectivos de jueces que defienden las protestas (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) en el que les señala que, «a la vista de los últimos acontecimientos», el Ministerio cree urgente convocar una nueva reunión para «examinar la situación».

El departamento que dirige Fernández Bermejo recalcó que espera que el encuentro se lleve a cabo con «espíritu de diálogo» y pidió a las asociaciones, que deben responder a la invitación, que recuerden que «el servicio a los ciudadanos» debe centrar la cita.

Aunque Justicia se dice dispuesto a estudiar el documento en el que las asociaciones piden una nueva ley de retribuciones que contemple las horas extras y un reglamento que establezca la carga máxima de trabajo de cada órgano judicial, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega acotó ese diálogo a la «modernización de la Justicia». Explicó que el Gobierno «siempre estará dispuesto a hablar para la mejora de la Justicia», pero no quiso pronunciarse sobre si los miembros de la judicatura tienen derecho a un paro al ser parte de uno de los tres poderes del Estado.

El Consejo General del Poder Judicial se mostró ayer esperanzado en que su mediación con el Gobierno pueda abrir una salida a la convocatoria de protestas y paros. La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, aseguró que trasladará al Gobierno las reclamaciones de las asociaciones en la reunión de la Comisión Mixta Ministerio de Justicia-Consejo General del Poder Judicial prevista para el lunes.

Bravo dijo que el CGPJ «exigirá» a Fernández Bermejo una «hoja de ruta» en la que se «hagan visibles las reivindicaciones más importantes de los jueces». Entre estas peticiones, la portavoz subrayó la redefinición de las cargas de trabajo de cada juzgado -para lo que el consejo espera tener cerrado en febrero un detallado estudio-, configuración de una nueva demarcación territorial, la informatización procesal y la supresión de los ascensos forzosos.

El CGPJ se mostró esperanzado en que, tras las reuniones, los jueces no lleguen a «una medida tan drástica» como la huelga, que puede hacer «daño» a los ciudadanos. Bravo, no obstante, defendió que el paro no parece «el cauce más adecuado» para dar publicidad a las quejas de la judicatura.

Al Parlamento

Los gestos de aproximación desde el Gobierno y el Poder Judicial tuvieron su contrapunto en el PSOE. El secretario general del grupo socialista, Ramón Jáuregui, presentó ayer una solicitud para que las cuatro asociaciones judiciales expliquen ante la Comisión de Justicia su amago de huelga, una petición insólita en la cámara.

Jáuregui negó que la petición sea una presión o un ataque a la independencia de los jueces. Es, dijo, una «oportunidad» para que los representantes de la judicatura hablen, pero también para que escuchen a los diputados, que representan a la ciudadanía. «Es una comparecencia congruente y lógica» porque las reivindicaciones tienen relación con reformas pendientes de tramitación en el Parlamento, señaló.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, insistió, a su vez, en que su partido no apoya un paro porque «la huelga no contribuye a mejorar las cosas», aunque los jueces tienen razón en sus reclamaciones porque la justicia funciona con medios que no del siglo XXI.

«Las actitudes de Zapatero y Bermejo no sirven para la solución y sí para crear más tensión», denunció Rajoy, en referencia a las palabras del presidente del Gobierno y del ministro.