La jueza imputa al empleado de la perrera de Puerto Real que quemaba los animales
El número de imputados por el caso de la perrera de Puerto Real asciende ya a ocho, según dio ayer a conocer la asociación que denunció el caso, llamada El Refugio (al igual que la perrera, aunque sin ninguna vinculación entre ambas.
Actualizado: GuardarEn un comunicado, el Refugio explicó que el nuevo imputado en el procedimiento abierto en el Juzgado número dos de Puerto Real era el encargado de incinerar a los animales, que se suma al dueño de la perrera, la directora, el veterinario titular, el antiguo veterinario y cuatro trabajadores. Todos ellos están acusados de los delitos de falsedad documental y denuncia falsa, así como delito continuado de maltrato de animales.
Así, el nuevo imputado -un trabajador de la perrera- declaró días atrás ante la juez que instruye el caso que en las instalaciones incineraban «entre 50 y 60 animales al día».
Como recordaron, la perrera de Puerto Real recogía anualmente miles de perros y gatos de varios municipios de la provincia, que supuestamente eran sacrificados con una toxina que les producía una muerte lenta y agónica por asfixia, mientras los animales eran absolutamente conscientes. El Refugio denuncia, además, que «los ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real y San Fernando, entre otros, estaban al corriente de las numerosas irregularidades».
El veterinario testigo
La asociación de defensa de animales recordó también que como testigo en el caso hay un veterinario «de reconocido prestigio en Cádiz», que aseguró que el suministro de Mioflex se realizaba desde el año 1994, según comprobó en diferentes visitas a la perrera -según el Refugio- en la que pudo ver «animales hacinados, enfermos, con diarreas o sangrando o incluso uno con un hueso fuera. También pudo ver animales accidentados o moribundos y perros agonizando durante varios días».
Por su parte el presidente de El Refugio, Nacho Paunero, recordó que se trata del primer procedimiento penal abierto contra una perrera en España después de que la organización proteccionista denunciara los supuestos procedimientos ilícitos ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). El Refugio está personado como acusación en esta causa.