Ambiente de conflicto en la judicatura

Aún no está decidido si habrá un 26-J; si los jueces harán ese día -el próximo 26 de junio- una huelga que haga historia en el país, pero el ambiente de conflicto ya se respira en las sedes judiciales de Cádiz. Antes de esa fecha y la del 18 de febrero, en la que se prevé un acto de protesta, la judicatura gaditana tiene otra cita: jueces y magistrados de los órganos unipersonales de la provincia están convocados el miércoles de la semana que viene a una junta en la que se decidirá si Cádiz asume el documento elaborado por las cuatro asociaciones profesionales en el que se demanda una serie de medidas «de urgencia» para sacar del atasco al sistema judicial. Además de hacer suyas las reivindicaciones, los jueces votarán si van a la huelga en el caso de que el Gobierno central no atienda a sus peticiones.

Este periódico testó ayer cómo están viviendo este órdago lanzado al Ejecutivo los diferentes agentes implicados en la administración de Justicia. Hay unanimidad en cuanto a que existen razones de peso para el malestar profesional y aunque con dudas en algunos casos, la mayoría cree que los jueces tienen derecho a ir a la huelga. Pero es precisamente ese debate abierto por el Gobierno, el de si el poder judicial puede realizar esa protesta, lo que está escociendo más. «Se está desviando la atención de la ciudadanía en lugar de hablar de los graves problemas que hay en la Justicia. Además se están lanzando mensajes a la opinión pública como que queremos una subida salarial, que son rotundamente falsos», explicaba ayer Lorenzo del Río, que además de presidente de la Audiencia, está teniendo un papel principal en este conflicto como portavoz nacional de la Asociación Francisco de Vitoria. «Nadie quiere una huelga y lo que esperamos es que el Gobierno comience a aplicar reformas como la oficina judicial sin necesidad de conflictos. Pero tampoco podemos estar esperando sine die porque los problemas de la Justicia llevan años sin solución».

Minutos antes de estas declaraciones, la vicepresidenta Fernández de la Vega anunciaba la intención del Ejecutivo de reunirse con las asociaciones judiciales y alcanzar un consenso; una postura más moderada que la expresada por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien había negado el derecho a la huelga. «Si se le piden responsabilidades a los jueces, también hay que exigírselas al ministro, quien debe tener una postura más conciliadora», dice Del Río.

«No existe ninguna sentencia del Constitucional ni ninguna norma que indique esa prohibición, como sí la hay en cuanto a la sindicación. Lo que estamos es luchando por mejorar un servicio esencial a la sociedad». Esta sentencia rotunda de la jueza decana de Cádiz, Nuria Orellana, es compartida por los demás, aunque con matices. El presidente de la Audiencia añade «un detalle esencial» para aclarar si hay limitaciones o no en las protestas para los jueces: «El poder judicial es el único que depende, en cuanto a dotación de recursos, de los otros. Si no se atiende a nuestras demandas, ¿qué hacemos?».

Necesidades en Cádiz

Orellana subrayaba ayer algunos de los problemas locales: «Necesitamos dos o tres juzgados más en lo Penal debido a la carga excesiva de trabajo. Ahora se incorpora el cuarto órgano de lo Contencioso, pero es insuficiente y además llega tarde. En esa rama se están señalando juicios con dos años de antelación. Y en el único juzgado de lo Mercantil de la provincia, sólo hay cinco funcionarios fijos y otros tres que van renovando mensualmente, cuando la litigiosidad está creciendo constantemente». La jueza decana habla de «indignación» al referirse al sentimiento generalizado que hay en la profesión «ante la falta ya crónica de recursos y medios».

Antes fueron ellos

Los secretarios judiciales tomaron la delantera en las movilizaciones con un paro parcial en octubre a raíz de la sanción impuesta a la compañera del juzgado sevillano, afectada por el caso Mariluz. «Nosotros respetamos la postura que adopten los jueces y es lamentable que el debate se ciña sólo en su derecho a la huelga. Los más importantes juristas no lo tienen claro, pero es indudable que se necesita una mejor optimización de los recursos, y un protocolo de actuación para que el ciudadano no reciba un mejor o peor servicio en función del juzgado que le toque», comenta la coordinadora de secretarios judiciales, Rosario Troncoso.

El decano del Colegio de Abogados, José Manuel Jareño, es el único que se ha expresado en contra de que exista cabida jurídica para una huelga de jueces: «La Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce ese derecho al personal al servicio de la administración de Justicia. Pero no se cita a jueces y magistrados lo que pudo hacer el legislador si así lo hubiere querido. Es un poder del Estado, y entiendo que ni el Legislativo, ni el Ejecutivo ni el Judicial pueden ir a la huelga».

Eso sí, Jareño sí coincide con el resto en el diagnóstico de la situación que se vive a diario en los juzgados: «Existe una situación difícil, pero tiene arreglo si los políticos se deciden a invertir en Justicia. No dejo reconocer que se están haciendo esfuerzos presupuestarios importantes, pero hay que programar a diez años vista y cambiar las mentalidades. Los abogados asumimos nuestra parte de responsabilidad, pero solo la nuestra.Aunque estamos siempre dispuestos a colaborar y meter el cuello».

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