Bienestar Social confía en que sobren plazas en geriátricos a corto plazo
La Junta pisa el acelerador en la aplicación de la Ley de Dependencia tras dos años de su entrada en vigor. Los inicios han costado, entre la avalancha de solicitudes, valoraciones y revisión continua de los recursos provinciales. La Delegación para la Igualdad y Bienestar Social inicia el año con 30.000 peticiones presentadas, de las que se ha valorado un 83,4% (24.990). De ellas hay 17.000 personas que ya tienen un plan de atención y otras 12.600 que ya reciben prestaciones.
Actualizado: GuardarEn este tiempo se han catalogado a los grandes dependientes, que necesitan de la presencia permanente de un cuidador y los dependientes severos, que precisan de una persona para realizar sus actividades básicas, según la definición que realiza la propia norma. En 2009 se empezarán a valorar a los dependientes severos de grado dos nivel uno, con menor índice de afectación para llegar a 2010 con todas las valoraciones realizadas de acuerdo con el calendario establecido por el Gobierno.
En este tiempo se han creado más de 500 plazas de residencia, aun así el número continúa muy por debajo de la ratio que reconoce la Ley. La provincia cuenta actualmente con unas 1.900 camas entre públicas y concertadas para los más de 150.000 ancianos mayores de 65 años censados en la provincia, o lo que es lo mismo: 1,5 plazas por cada cien mayores, un índice que aún está por debajo de la media andaluza (2,3 por cada cien). No obstante, los nuevos proyectos mejorarán la situación sustancialmente en un corto espacio de tiempo.
Por lo pronto están previstas tres nuevas residencias en la capital que cuentan con 700 plazas. Junto a ellas se incluyen las 120 camas más que tendrá el geriátrico que ahora se construye en Algeciras, donde también hay previsto otro. San Fernando es otra de las localidades que cuenta con un proyecto destinado a alojamiento de ancianos y en la Sierra se construirá un geriátrico más en Villamartín. La delegada confía en que «en poco tiempo haya superávit de plazas en la provincia».
Otro de los servicios que reconoce la norma es la Ayuda a Domicilio, para el que la Junta ha destinado 8,2 millones de euros sólo para el primer semestre del año. Cádiz es una de las provincias que menor número de usuarios se benefician de esta prestación, un total de 1.917, frente a los 2.758 de Córdoba o los 3.019 de Granada, ambas de menor población, pero la titular de Bienestar Social en Cádiz recalcó que «se trata de un servicio más y eso no significa que el nivel de aplicación sea peor que en otros territorios». A modo de conclusión recalcó que «la Ley está a pleno rendimiento y en poco tiempo se podrá hablar con certeza de la gran cantidad de puestos de trabajo que está generando».
