Un alijo sin ningún dueño

Ayer se celebró en la Audiencia Provincial de Cádiz la segunda sesión del juicio contra los 12 supuestos implicados en el alijo de cinco toneladas de hachís, ocultos en dos camiones de mercancías, que intentaron pasar inadvertidos por el muelle de la capital en 2002. Tres de ellos, además, eran funcionarios de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que supuestamente se dejaron comprar por varios millones de pesetas para facilitar el paso del cargamento.

Cabe recordar que el alijo fue desmantelado in fraganti gracias a que un guardia civil -que también fue sobornado- desveló la operación.

Ayer, en la Audiencia, tocaba el turno de tomar declaración a estos 12 acusados, para oí``r su versión de los hechos. Y la mayoría de ellos coincidió en negar que hubieran participado en el sucio negocio. O bien, como los conductores de los camiones, aseguraron que no sabían que llevaban droga.

Uno de los dos policías implicados -Gonzalo R. H., apodado El Pequeño- sí admitió ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, que sabía de la llegada «del cargamento de hachís por el muelle gaditano desde el moro -Marruecos-». Pero declaró que no lo hizo para facilitarles el camino a los narcos. Sino al contrario: ya que según él, su papel en esta historia fue efectivamente contactar con un agente que controlase el muelle, precisamente para que destapase la trama. Según el Policía, el agente del SVA -Pedro José G. P.- les pidió a él y al segundo policía -Francisco P. G.- que les pusiera en contacto con un agente del puerto gaditano con ese objetivo.

Y fue finalmente Francisco (condenado por entonces en un asunto de drogas) quien logró el contacto.

No fue el único que negó los hechos de los que les acusa la Fiscalía -que pide para algunos hasta 12 años de cárcel, por delitos contra la salud pública y cohecho-. También uno de los supuestos cabecillas de la trama, Basilio. B. B., declaró ayer no tener nada que ver con el cargamento. Y su «amigo» y supuesto colega, José P. R., prefirió no responder a las preguntas de la fiscal, Ana Villagómez, ni siquiera a las de su abogado.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la red se tejió en torno a estos dos empresarios del transporte, quienes crearon una empresa fantasma -KLO Suministros- junto a un tercer implicado que está en busca y captura. Uno de los camiones cargados de droga era propiedad de esta empresa, de la que era administrador otro de los 12 acusados: Antonio L. V., aún en prisión. También él se desentendió del caso, afirmando que «sólo llevaba la contabilidad» de la compañía de camiones y que aceptó ser titular de ésta «por dinero, pero no tomaba decisiones»: «Yo era un juguete en sus manos», lamentó.

Prefieren no declarar

Otros tres acusados (el agente de Vigilancia Aduanera, el segundo policía y el supuesto coordinador del cargamento) se negaron a declarar ante la fiscal. Y que sí lo hicieron -los camioneros que conducían los vehículos y otro transportista más que supuestamente vigilaba la carretera- negaron saber que los camiones que conducían iban cargados con cinco toneladas de droga. Sólo uno admitió que había sido contratado para transportar droga, «pero no ese día», afirmó.

Por último la investigación también señala como acusado a un español de origen marroquí dueño de una agencia de viajes de Algeciras, desde la que supuestamente se repartía el dinero. Pero ayer aseguró que «sólo se cambiaba en dirhams (moneda marroquí), como a otros tantos clientes».

En definitiva, ni los empresarios, ni los policías, ni los conductores, ni los supuestos intermediarios admitieron participaren el alijo, aunque todos se vieron implicados. En el juicio, será determinante por tanto el testimonio del guardia civil que destapó la trama y que declarará en los próximos días.